‘La Corte de Florida cometió errores al conceder fianza'

‘La Corte de Florida cometió errores al conceder fianza’

Ricardo Martinelli maquina su estrategia legal no sin antes sopesar su devastador encierro o la posibilidad de ser beneficiado con una fianza. De cristalizarse ésta última, podrá esperar en su residencia de Miami la extradición a Panamá y hacer tiempo aprovechando el ocaso del mandato de Juan Carlos Varela.

La primera jugada será responder al escrito de oposición del Gobierno, presentado el pasado 7 marzo en el Tribunal Federal de Atlanta.

En este texto, el Gobierno considera que la jueza Marcia Cooke, del Distrito Sur de la Florida, Estados Unidos, cometió varios ‘errores’ al conceder a Martinelli una fianza -suspendida por el momento- de $1 millón. En este sentido, descalifica la apreciación de la jueza que, entre otros aspectos, consideró que el cargo de expresidente que ostenta Martinelli le daba la condición de caso especial.

‘La Corte erróneamente encontró que Martinelli era un caso especial por haber sido presidente de una nación amiga de largas relaciones con Estados Unidos. Sin embargo, esto no tiene ningún soporte legal fuera de la frase que dice en la orden de la Corte de que estos casos no son muy frecuentes y por lo tanto lo califican como especial. Pero esto es solo en teoría. El Gobierno no está anuente de ningún caso en el que la Corte haya decidido la fianza de un fugitivo exclusivamente porque se trata de un expresidente de la República’, se lee en el documento que consta de 40 páginas.

El recurso, en representación de Rex Tillerson, secretario de Estado de Estados Unidos, y Roberto Wilson, director de la Prisión Federal de Miami como apelantes del Estado norteamericano, ataca con puntería el criterio de la jueza por haber considerado que se trata de un caso con circunstancias especiales. Esta situación apela a la discrecionalidad de la Corte para conceder o no una fianza, aunque en procesos de extradición la norma lo prohíbe y solo se concede en ocasiones muy excepcionales.

El Gobierno no ve razón por la que el caso de Martinelli, por ser un expresidente, sea una excusa para considerarlo especial, fundamentalmente cuando su país lo reclama por crímenes que cometió durante su mandato. ‘Un fugitivo no debe ser liberado solo porque tiene poder o porque es rico, cuando otros detenidos, incluyendo a los acusados por delitos graves, permanecen detenidos porque no ostentaron un cargo público del mismo rango. Esto no está contemplado en nuestra legislación, y Martinelli debe ser tratado a la par de otros privados de libertad’, se lee.

LA SALUD DEL POLÍTICO

La Corte concluyó que la avanzada edad del exgobernante y su estado de salud bajo custodia cumplían las condiciones especiales sin hacer averiguaciones sobre la gravedad del deterioro de su salud.

La defensa del exgobernante sostuvo que antes de su arresto, Martinelli tenía 66 años de edad, se sometió a una cirugía gástrica y a una angioplastía. Alega que tiene la presión arterial alta y requiere medicamentos, que toma píldoras para el corazón y que ha ganado más de 20 libras encarcelado, situación que lo ha deteriorado física y mentalmente.

‘Esto es un error’, refuta el Gobierno. Y lo sustenta: ‘La Corte no tenía ninguna base para determinar el estado de salud del expresidente, ya que no proporcionó ninguna evidencia que apoye sus supuestas preocupaciones y no explicó cómo esas afectaciones no podían ser atendidas mientras se encontraba en custodia. Las necesidades de dieta no son una circunstancia especial, así como la ansiedad. De hecho, el Tribunal de extradición encontró que al comienzo del proceso su estado de salud era un modelo en comparación con otros fugitivos en cuyos casos los tribunales se han negado a encontrar circunstancias especiales, entre ellos se compara a detenidos que sufren de cáncer o diabetes’.

Después de ocho meses de haber sido detenido, según el Gobierno, el estado salud del expresidente es muy similar al que se estableció cuando se le detuvo. Está bajo las mismas circunstancias, a pesar de que la defensa alega padecimientos de presión alta, aumento de peso y un deterioro general, pero esto, para el Gobierno, no representa una circunstancia especial.

RIESGO DE FUGA

El Gobierno insiste en que otorgar a Martinelli una fianza sería muy riesgoso para el Estado por la posibilidad de que se fugue en un vuelo privado y evada la justicia dejando en ridículo al sistema norteamericano que se vería imposibilitado de cumplir con el Tratado con Panamá.

Critica el hecho de que la Corte, en la decisión de tres páginas que emitió, lo hizo sin haber efectuado una audiencia sobre la moción del exmandatario para otorgarle una fianza. Además, castiga el hecho de que el tribunal de Distrito no mencionó el riesgo de fuga ni tampoco analizó que ella misma refrendó la certificación de extradición. ‘Esto es un error’, reitera el Gobierno.

Incluso, si el Tribunal hubiera considerado el tema de la extradición, no tenía bases para encontrar que Martinelli no representa riesgo de fuga a pesar de que, cuando la justicia panameña lo investigó por las presuntas irregularidades, no volvió al país aun después de enterarse de la solicitud de extradición.

También argumenta que tiene medios considerables para huir y trasladarse a algún lugar en el extranjero (como lo hizo anteriormente desde Panamá); esto gracias a su increíble riqueza, un avión, dos helicópteros, un yate, pasaportes de múltiples ciudadanías como de un país de la Unión Europea (Italia) y fuertes conexiones con países extranjeros que estableció durante su mandato (2009-2014). Como tercer argumento, el Estado señala que Martinelli tiene una poderosa motivación para fugarse dada su edad y la sentencia potencial a la que sería condenado si fuese encontrado culpable en Panamá.

Desde que Martinelli fue detenido, su riesgo de fuga solo ha aumentado, ya que su extradición se ha vuelto más probable con la certificación de su caso a la espera de la decisión del Secretario y la negación de su petición de habeas. En este sentido, la Corte concedió la fianza sin poder probar que él no representa un serio riesgo de fuga. Debe permanecer detenido sobre esta base. Mientras que la Corte le otorgó una fianza de $1 millón, se ha informado que su patrimonio supera los mil millones. Ese monto representa el 1% de su riqueza, lo que equivaldría a que a una persona con una riqueza de $100 mil se le fijara una fianza de $100, esto no mitiga en nada el riesgo de fuga. Como se dijo antes, ninguna cantidad de dinero podrá responder al daño que se puede hacer a Estados Unidos si la persona que ha sido beneficiada con una fianza se fuga y se imposibilita su entrega’.

EL CASO NO ES ESPECIAL

El Estado esgrime que existe una presunción contra la fianza. La liberación de un detenido antes de ser extraditado es en gran medida antiética; el beneficio debe entregarse solo en el momento más urgente y cuando los requisitos de la justicia son perentorios. El otorgamiento de la fianza en un caso de extradición debe ser examinado para determinar y asegurarse que el desempeño de los deberes de la Corte no sean abortados por el riesgo de fuga. ‘La Corte de distrito cometió un error al fallar inadecuadamente en la búsqueda del riesgo de fuga de Martinelli y al aplicar incorrectamente la ley para concluir que existen circunstancias especiales, garantizando su liberación con una fianza’, reclama el Gobierno ante el Tribunal de Atlanta.

REGRESO VOLUNTARIO DE MARTINELLI

Tiempo en manos del Departamento de Estado

En confinamiento, el expresidente Ricardo Martinelli parece estar listo para retirar la batalla en las Cortes de Estados Unidos y volver a Panamá bajo el principio de exclusividad que establece el Código Penal panameño, y que también contempla en el Tratado Bilateral de Extradición firmado entre Panamá y Estados Unidos.

El principio de exclusividad pretende evitar que el gobierno que requiere al fugitivo abuse de los cargos en su contra, o que se agreguen nuevos al paquete de acusaciones por las que está siendo requerido.

No obstante, esta base genera dos corrientes jurídicas, diametralmente opuestas. Francisco Carreira, abogado litigante en Estados Unidos, explica que, por un lado, la defensa de Martinelli se afianza de que a su cliente no le pueden juzgar o procesar por las nueve investigaciones en su contra que esperan en la Corte Suprema de Justicia.

Pero otra corriente abogadil manifiesta que nadie se puede beneficiar de sus actos ilegales o las violaciones de la ley fugándose del país.

No puede agregar más cargos por los cuales se está extraditando, y ahí la interpretación de que los otros procesos por los que se le acusa, quedan en un limbo.

Ahora bien, a pesar de estar viviendo ‘un infierno terrenal’ en la cárcel de Miami, como el propio Martinelli define su detención, el regreso voluntario tal vez no sea tan expedito como él piensa.

Para que esto ocurra, dice Carreira, debe efectuarse una audiencia de voluntariedad. El juez debe estar convencido de que se trata de una decisión sin presiones o coacciones de ningún tipo.

Luego de eso, Martinelli queda bajo el Departamento de Estado, entidad que no tiene un tiempo determinado para ejecutar la extradición. Podrían pasar meses o años, como ocurrió con el exgeneral Manuel Antonio Noriega, hasta que esto suceda.

El regreso de Martinelli no podría anunciarse en un momento más convulsionado. Una Corte acéfala, a la espera del anuncio del Ejecutivo de tres candidatos a magistrados, dos que aguardan a sus relevos después de haber culminado su periodo en diciembre y un suplente que ocupa el cargo de principal.

Aunado a esto, se topa con una Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional confusa, en un aparente limbo de quienes la conforman.

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