Alianza detecta problemas en jueces de paz

Alianza detecta problemas en jueces de paz

La Alianza Ciudadana Pro Justicia enumeró una serie de problemas que enfrenta la Justicia Comunitaria de Paz, que reemplazó la figura del corregidor.

Después de cinco meses de su implementación en el Primer Distrito Judicial, el nuevos sistema que busca resolver conflictos comunitarios enfrenta problemas de recursos humanos, infraestructura y vacíos en procedimiento. Incluso le asignan responsabilidades que no le competen.

En cuanto al tema de recursos humanos, la Alianza Ciudadana Pro Justicia enumera seis irregularidades. No se ha nombrado a los mediadores comunitarios que se requiere en las casas de justicia; solo han recibido capacitación básica de 60 horas y el personal de apoyo es el mismo que laboraba con los corregidores. No han recibido capacitaciones.

A esto se le suma que los jueces de paz han sido designados con el bajo salario que recibían como corregidores, lo que, a juicio de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, no ‘guarda relación’ con sus responsabilidades. Los policías comunitarios no han sido capacitados sobre este nuevo modelo de administrar justicia.

En cuanto a la infraestructura, la Alianza señala que no se ha construido ninguna Casa de Justicia, por lo que los jueces de paz operan en las mismas infraestructuras de las antiguas corregidurías, con mobiliario y condiciones ‘paupérrimas’ de trabajo. Los propios jueces alegan que no cuentan con lo mínimo necesario, como papelería, computadoras, ni vehículos para transportarse a las diligencias.

La Alianza Ciudadana Pro Justicia señala que está pendiente la reglamentación de la Ley 16 de 2016, que crea la Justicia Comunitaria de Paz. La reglamentación es para que los jueces de paz, los abogados y la sociedad en general dispongan de procedimientos claros y que esté en consonancia con las actuaciones de las Casas de Justicia.

También está pendiente se definan y desarrollen protocolos de atención y coordinación interinstitucional, que fijen las guías de las actuaciones de los jueces de paz y que permitan una aplicación unificada de los procesos en las Casas de Justicia.

Es urgente, señala el comunicado, que se definan directrices y políticas por parte de la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel, que pongan pautas para evitar la disparidad en la aplicación del procedimiento.

Otro aspecto que le preocupa a la Alianza Ciudadana Pro Justicia es que la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) remite a las Casa de Justicia todos los casos de robos de celulares y en residencias, cuando estos deben ser tratados por las Fiscalías de Atención Primaria del Ministerio Público.

‘Ni las corregidurías ni las Casas de Justicia tienen equipo de investigación criminal para investigar pandillas o grupos organizados que se dediquen a este tipo de delitos’, señala el comunicado de la Alianza.

La justicia de paz no fue creada, apunta el comunicado, para atender el tema de la criminalidad, ya que para eso debe existir una política de seguridad ciudadana en la que participen la DIJ, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público.

Para la Alianza Ciudadana Pro Justicia es necesario que el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría de la Administración y la Secretaría de Descentralización coordinen con el Ministerio de Economía y Finanzas para lograr una partida presupuestaria que permita apoyar a los municipios para poner en funcionamiento las Casas de Justicia.

Es importante, agrega, definir una estrategia en conjunto con la Policía Nacional y el Ministerio Público para actuar en los casos de pandillerismo, robo agravado y otros que no son de competencias de las Casas de Justicia. ‘Si las instituciones no coordinan la ciudadanía será la afectada’, indicó el comunicado.

La Alianza Ciudadana Por Justicia solicita a la comisión interinstitucional que la implementación de la Justicia Comunitaria sea declarada en sesión permanente. En el resto del país este nuevo sistema de justicia comunitaria empezará e regir a partir del 1 de junio.

 

Fuente: http://laestrella.com.pa

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