MIDA presenta Unidad Canina UCA en el aeropuerto de Tocumen

MIDA presenta Unidad Canina UCA en el aeropuerto de Tocumen

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) lanzó en Aeropuerto Internacional de Tocumen su Unidad Canina de Cuarentena Agropecuaria (UCA), con la que buscan mejorar las inspecciones, detecciones en intersecciones de productos que podrían considerarse un riesgo para el patrimonio agropecuario del país.

El titular de la cartera del MIDA, Eduardo Carles, comentó que el Gobierno Nacional a través del MIDA, contempla diversas y rigurosas políticas para la seguridad de nuestro sector agropecuario, y como muestra de ello, lanzaron la UCA, “quien trabajará en conjunto con las autoridades del Aeropuerto Internacional de Tocumen, la Autoridad Nacional de Aduanas y las seguridad pública en general.

“Las fronteras fito y zoosanitarias representa uno de nuestros más grandes patrimonios, llevándonos incluso a convertirnos en un referente en temas de seguridad agropecuaria a nivel mundial. Nuestro compromiso debe ser, por ende, mantener y superar dichos estándares. Y más frente a los nuevos retos y riesgos que tenemos como país, ante nuestra competitiva posición en el escenario logístico internacional, que cada vez se hace más importante”, sostuvo durante el lanzamiento de la UCA.

La UCA también resguardará al istmo de amenazas en productos y subproductos derivados de cultivos y animales, la brigada canina es una línea de acción comprometida en resguardar la sanidad agropecuaría, teniendo como referencia el proyecto Panamá Bioseguro, lanzado durante el 2017.

Durante el lanzamiento, el gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, Carlos Duboy, manifestó que el MIDA contará con todo el respaldo de los funcionarios del aeropuerto para el trabajo conjunto en el fortalecimiento proceso inspección, y detención de irregularidades.

Con la UCA, Panamá se une los países que cuentan con este tipo de unidades de seguridad, como: Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Perú y Australia, indicó Jorge Marín, director ejecutivo de Cuarentena Agropecuaria (DECA).

La UCA cuenta con cuatro canes altamente entrenados, que mejorarán el esquema de detección en las inspecciones. La iniciativa se replicará posteriormente en puertos, fronteras y con el programa de Moscamed (Moscas de las Frutas).

 

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Delito cibernético, un mal del cual preocuparse

A la vez que se registran importantes avances en la aplicación de la tecnología y sistemas en línea para la banca, empresas e instituciones que prestan servicios financieros, la delincuencia organizada busca cómo burlar los sistemas de seguridad.

Esta realidad obliga a la banca, empresas financieras e instituciones a ejecutar acciones para evitar que tanto ellas como sus clientes sean víctimas de fraudes bancarios o financieros.

David López, vicepresidente de Easy Solutions para América Latina, recuerda que hasta hace unos años para asaltar un banco los delincuentes ingresaban armados para sacar el dinero de las bóvedas y de ahí huían intentando no dejar rastro.

La realidad ha cambiado, afirma López, ya no es necesario el uso de armas ni de la violencia. Los avances de la informática llevan a los delincuentes a perpetrar sus actos delictivos sin el uso de la violencia y, muchas veces, lo hacen sin siquiera dejar huellas.

Lo más delicado es que ya ni siquiera deben estar físicamente en un lugar; los asaltos se pueden consumar desde cualquier sitio en el mundo, basta que posean una computadora, apuntó López en conversación con La Estrella de Panamá .

BLINDAJE CIBERNÉTICO

Panamá cuenta con uno de los sistemas bancarios más grandes e importantes en la región, por lo que las instituciones bancarias y financieras deben tomar todas las precauciones necesarias para evitar ser víctima de estos delitos.

López plantea que la política de Easy Solutions es evitar que el delito se cometa y por eso se especializan en generar sistemas de bloqueo.

La empresa acumula experiencia en más de treinta países en América y Europa, donde tiene más de 460 clientes, entre ellos unos quince en Panamá.

En Panamá este tipo de fraudes llevó al Ministerio Público a crear una oficina exclusiva del tema. Se trata de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática, la cual se apoya en la Fiscalía del Crimen Organizado, que cuenta con personal técnico altamente calificado para la investigación estos delitos.

Easy Soluttions insiste en que lo más importante es generar sistemas de bloqueo, los cuales ofrece la empresa. Se trata de acciones preventivas que puedan evitar que se perpetren los delitos.

Le toca a las instituciones invertir para evitar que los delitos puedan llevarse a cabo, ya que en la mayoría de los casos resulta difícil dar con los responsables una vez cometido el delito.

 

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Contraloría audita la planilla de contratos de los diputados

La Contraloría General de la República inició este lunes en la Asamblea Nacional una auditoría a la planilla 080, destinada para el nombramiento del personal de confianza de los diputados.

Un grupo de auditores de la Contraloría acudió ayer al Departamento de Planilla del Órgano Legislativo con el objetivo de revisar esta planilla en la cual inicialmente se asignaban $ 4 mil mensuales por cada diputado y que en los dos últimos años se incrementó a $30 mil por mes.

La presidenta de la Asamblea, la diputada Yanibel Ábrego, recibió a un grupo técnicos fiscalizadores de la Contraloría General de la República, quienes, según un comunicado del órgano Legislativo, se apersonaron para iniciar ‘una revisión concomitante que busca conocer el procedimiento de la planilla 080′.

Para la presidenta de la Asamblea, esta revisión es una medida de carácter administrativo y ‘no constituye ni reviste las características de una acción de naturaleza penal o disciplinaria contra ningún diputado, ni ningún miembro de la Asamblea Nacional’.

La presidenta del Legislativo reiteró su mejor disposición de colaborar y apoyar esta nueva diligencia administrativa de la Contraloría General de la República, a fin de que el proceso se realice de manera expedita y sin contratiempos.

El contralor de la República, Federico Humbert, ha manifestado que esta auditoría busca verificar que los funcionarios estén realizando las funciones por el salario que devengan.

Para el diputado perredista Javier Ortega, no debe haber ningún problema con estas auditorías, tras señalar que estos cobros son refrendados por la propia Contraloría, que a la vez tiene una oficina de fiscalización en la Asamblea Nacional. ‘Cada diputado es responsable del personal que tiene y lo que hace su personal’, señaló.

 

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‘Es un error dejar que la crisis se agrave’, Cortizo

Laurentino Cortizo, dirigente del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y aspirante a la candidatura presidencial, asegura que es ‘un error dejar que se agrave más’ la crisis entre los tres órganos del Estado.

De acuerdo con el perredista, ‘el presidente Juan Carlos Varela debe dejar de rehuir esta situación y formar parte de la solución’.

Cortizo le recomendó al presidente ‘como primer paso’ sentarse a dialogar y escuchar. ‘Gobernar es un asunto serio y resolver la angustia e incertidumbre que atravesamos los panameños es vital para la economía del país en este momento’, agregó el dirigente.

‘Los panameños necesitamos respuestas y soluciones a nuestros problemas. Panamá ha estado registrando la pérdida de miles de empleos, disminución en el consumo en hogares y comercios, y aumento en la inseguridad’, apuntó el perredista.

Cortizo aseveró que ‘aunque es evidente que, ya sea por incapacidad o falta de seriedad, el presidente Varela y su gobierno no van a cumplir sus principales promesas de campaña, no es aceptable que deje a Panamá sumido en una crisis y no cumpla con el deber de actuar correctamente en la administración del Estado’.

Cortizo se pronunció de esta forma ante el enfrentamiento del Ejecutivo con el Legislativo, lo cual afecta al Judicial, tras el rechazo de dos aspirantes a magistradas designadas por el Ejecutivo y que no pasaron el tamiz de la Comisión de Credenciales.

Ayer, la Corte informó que no se admitió la demanda presentada por los diputados oficialistas.

 

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Dos años tras los papeles de Panamá, la UE está mejor dotada frente a evasión

Dos años después del escándalo de los papeles de Panamá, que puso de relieve la magnitud de las actividades en los paraísos fiscales, la Unión Europea (UE) está mejor preparada para hacer frente al fraude y la evasión tras adoptar numerosas normas nuevas.

El 3 de abril de 2016 salió a la luz la investigación periodística fruto de la filtración masiva de documentos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, que probaban la existencia de 214.000 compañías opacas que operaron en 200 países o territorios, así como la participación de más de 500 bancos y 140 políticos y otras figuras públicas.

El interés, indignación y presión pública que despertó se han mantenido vivos al calor de nuevos escándalos como los papeles de paraíso y con los recientes asesinatos de dos periodistas que investigaban casos de corrupción: la maltesa Daphne Caruana Galizia y el eslovaco Jan Kuciak.

La UE decidió en 2016 intensificar sus esfuerzos para atajar estas prácticas y la Comisión Europea (CE) puso sobre la mesa varias propuestas que se sumaron a otras ya presentadas: muchas se han aprobado con inusitada celeridad, pero otras siguen en el tintero y muchas no están aún en vigor.

Apenas tres meses después del escándalo de los papeles de Panamá los países aprobaron la directiva contra la evasión de capitales (ATAD), con normas para evitar que las empresas trasladen sus beneficios a países dónde quedarían sin gravar o que escapen a los impuestos reubicando activos o deduciendo intereses de los préstamos entre empresas.

Entrará en vigor el año próximo y su objetivo es atajar algunas de las tretas más frecuentes entre las empresas, que logran evadir entre 50.000 y 70.000 millones al año, según un estudio de la Eurocámara.

En julio de 2016 la Comisión propuso además enmendar la directiva contra el lavado de dinero para obligar a las empresas a revelar la identidad de sus propietarios en un registro accesible a las autoridades tributarias y al público en ciertos casos, y a los países a verificar estos datos.

Y el mes pasado se aprobó la iniciativa más reciente en la materia: una norma que obligará a los asesores fiscales -consultores, bancos o abogados, entre otros- a informar a las autoridades cuando diseñen planes que puedan ayudar a evadir.

Ambas reglas deberían entrar en vigor en 2020.

Sin embargo, la medida más sonada ha sido la creación de la primera lista comunitaria de paraísos fiscales.

La UE la publicó en diciembre pasado con 17 países, que se han reducido a siete después de que algunos se hayan comprometido a cambiar su legislación: quedan Samoa Americana, Bahamas, Guam, Namibia, las islas San Cristóbal y Nieves, Trinidad y Tobago y las Islas Vírgenes estadounidenses.

Más de 50 países problemáticos se comprometieron a hacer cambios legislativos y han pasado a engrosar la llamada lista gris.

Sin embargo, lo Veintiocho no lograron pactar sanciones comunes para los territorios de la lista negra, que dependerán de cada Estado miembro.

La Eurocámara, que desde 2014 ha creado tres comisiones especiales para investigar escándalos financieros, reconoce que se ha progresado, pero critica la falta de voluntad de algunos países, especialmente frente a las multinacionales, y que no se mire dentro de la propia UE.

“El obstáculo más persistente ha sido el requisito de obtener unanimidad entre los 28 Gobiernos, porque algunos países continuamente han puesto freno a reformas muy necesarias”, dijo en un comunicado la eurodiputada de los Verdes Molly Scott Cato, miembro de la recién creada comisión sobre delitos financieros.

Su grupo recordó que los Estados están lejos de aprobar la norma para publicar los informes por país sobre la actividad fiscal de las multinacionales, así como la propuesta para crear una base común consolidada del impuesto de sociedades.

El objetivo de ambas es que las multinacionales paguen una cantidad adecuada de impuestos en todos los países donde operan.

De cara al interior, la Comisión señaló por primera vez en marzo a siete países de la UE -Bélgica, Chipre, Malta, Holanda, Irlanda, Hungría y Luxemburgo- dónde existen prácticas que pueden facilitar la evasión de impuestos.

La mención desató las críticas de estos Estados, tradicionales defensores de una soberanía fiscal clave para sus modelos económicos y frecuentes detractores de las propuestas europeas.

“No hay paraísos fiscales en la UE (…) pero sería absurdo negar que hay prácticas de planificación fiscal agresiva”, defendió el comisario europeo de Economía, Pierre Moscovici, en la primera audiencia de la comisión sobre delitos financieros, sin anticipar si recomendará cambios legislativos a estos países en mayo.

Mientras, la eurocomisaria de Competencia, Margrethe Vestager, acumula las investigaciones a multinacionales que recibieron ventajas fiscales ilegales de los Estados.

Irlanda debe recuperar 13.000 millones de euros en impuestos no pagados por Apple; Luxemburgo y Holanda, entre 20 y 30 millones de Fiat y Starbucks; Bélgica, 700 millones de 35 multinacionales y, de nuevo Luxemburgo, 250 millones de euros de Amazon.

Las normas de Competencia se están revelando útiles contra la evasión, aunque surgen dudas sobre si es la herramienta adecuada para atajar un problema que las leyes fiscales todavía no han logrado resolver.

 

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Lecheros exigen a importadores una cuota de compra

Los productores de ganado lechero están en alerta ante las importaciones de productos terminados, debido a que les restan participación en el mercado local, y advierten de competencia desleal y una posible contaminación en los productos.

Para Paulino Vásquez, vicepresidente del capítulo de Los Santos de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), cada negocio que desea importar productos lácteos terminados o materia prima para procesar debe primero adquirir una cuota de la producción local.

‘Es indispensable que los importadores compren una cuota a la producción local, ya ni las pizzerías nos compran el queso mozzarella, pues al parecer les es más fácil importar’, afirmó el productor de grado lechero para uso industrial.

El representante de la Anagan presentará esta propuesta a mediados de abril ante el titular del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Eduardo Carles, con el objetivo de buscar un mecanismo que impulse sus ventas y sostenga la producción láctea en el país.

Como Panamá no es autosuficiente en la producción de leche, cada año se importan unos 100 millones de litros de leche bovina para completar la demanda total de 300 millones de litros.

Según la FAO, el consumo anual per cápita de Panamá oscila de entre 90 y 100 litros de leche.

BRUCELOSIS

Además, el ganadero alertó sobre una posible contaminación de productos lácteos, ya que los mismos son elaborados e importados de países donde enfermedades como la brucelosis bovina —que es transmitida del animal al hombre— solo reciben tratamiento específico, mientras que en Panamá el animal es sacrificado.

‘A Panamá están ingresando productos procesados con leche vacuna de reses que posiblemente hayan estado enfermas con brucelosis, pero Panamá no cuenta con un laboratorio de toxicología que verifique que esos alimentos están libres de las mismas, pues de tenerlo, los ganaderos ya estuviéramos exportando quesos madurados como exigen los demás países para recibir esos productos’, comentó Vásquez .

Aunque técnicamente la pasteurización (proceso donde un alimento líquido se somete a una temperatura de 80 grados con el fin de destruir los microorganismos sin alterar la composición y cualidades del líquido) asegura la no toxicidad de la leche, en Panamá, una vez detectada la enfermedad, la res es llevada al matadero, para separar el tejido de la ubre, los ganglios mamarios y el útero, que son las partes afectadas.

Panamá es el único país de América que erradica la bacteria con el sacrificio; el resto de países, incluyendo a Estados Unidos, la controla con vacunas.

La situación preocupa a Vásquez, quien sostiene que es una competencia desleal que Panamá negocie la entrada de productos lácteos con países de igual o mejor estatus sanitario y no exija lo mismo para importar.

El ganadero se refiere al queso de la marca panameña La Chiricana, que forma parte del portafolio de productos de Nevada, que en su etiqueta detalla que es ‘hecho en Costa Rica por Cooprole Dos Pinos R.L., ubicada en El Coyol de Alajuela, para Productos Nevada S. de R.L., Concepción, Chiriquí, Panamá. Registro Sanitario A90828′.

Según el ganadero, la empresa se ha llevado el nombre, pero el producto no se procesa en la planta ubicada en territorio panameño.

Ante la denuncia de Vásquez, La Estrella de Panamá contactó a la empresa Productos Nevada, la cual reconoció que la planta en Costa Rica es la que elabora lo productos enviados a Panamá, pero ‘cuenta no solo con la habilitación sanitaria dada por las autoridades panameñas competentes, sino además con la norma FSSC22000 (Food Safety System Certification), certificación que implica el cumplimiento de una serie de requisitos de inocuidad que garantiza la calidad de la leche que se procesa’.

Andrés Solis, vocero de la empresa, también aclaró que los productores asociados a la empresa en Costa Rica cuentan con los permisos de funcionamiento por parte del costarricense Servicio Nacional de Salud Animal, y se administran bajo rigurosos estándares y protocolos de funcionamiento que la empresa les exige.

Solis defendió la producción en el país vecino diciendo que los hatos de los productores asociados en Costa Rica están libre de enfermedades zoonóticas, y en el país los animales que presenten enfermedades de esta naturaleza son marcados y sacrificados bajo la estricta supervisión gubernamental.

GLOBALIZACIÓN ALIMENTARIA

Grandes adquisiciones en la industria de la leche

En octubre de 2010, la mexicana Coca-Cola Femsa, la embotelladora más grande del mundo en ventas, anunció la adquisición total de las acciones de Industrias Lácteas, de las marcas Estrella Azul y jugos Del Prado en Panamá.

En su momento se conoció que la transacción rondaría los $220 millones y le permitiría a la embotelladora ingresar al mercado lácteo, uno de los segmentos más dinámicos de la industria de bebidas en América Latina.

Con la adquisición, la marca Estrella Azul se integró a la plataforma de bebidas no gaseosas que Coca-Cola Femsa comparte con Coca-Cola Company.

En enero de 2013, la cervecera anglosudafricana SabMiller anunció oficialmente en Londres que su filial panameña, Cervecería Nacional, S.A., llegó a un acuerdo para vender en $86 millones su negocio de leche y jugos a la costarricense Dos Pinos, que produce las marcas Nevada y La Chiricana.

La planta Nevada concentra el 40% del mercado local de leche en envases de larga duración, mientras que sus jugos Tutti Fruti tienen una participación de 5% del mercado local.

La planta de productos de la marca Nevada, que opera en la provincia de Chiriquí, tiene una capacidad instalada para procesar 100 mil litros de leche al día y producir leches enteras, semidescremadas, descremadas, saborizadas y con avena, así como jugos de frutas.

En tanto, en octubre de 2016, el grupo guatemalteco Castillo Hermanos adquirió la totalidad de las acciones de la empresa Sociedad de Alimentos de Primera, S.A., fabricante de los productos Bonlac.

La Sociedad de Alimentos de Primera, S.A. formaba parte del holding Empresa Panameña de Alimentos (EPA), que en 2010 ya había adquirido Bonlac, en una transacción valorada en unos $50 millones. EPA mantiene las acciones de Pascual, Café Durán, Pastas La Suprema y Aceites Super Fry.

Mientras que la multinacional Nestlé Panamá solo adquiere leche grado C para uso industrial, es decir, la elaboración de leche condensada, leche evaporada y sus quesos.

 

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Isla Colón recibe a su cuarto crucero en 2018

Vinicius Pimentel,  administrador de Puertos de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), en Isla Colón, provincia de Bocas del Toro, indicó que el Crucero MS Artania, se convirtió este lunes en el cuarto crucero en lo que va de año, que arriba a la isla.

Pimentel fue precisamente el encargado de recibir a Morten Arne Hansen, capitán de la embarcación que transporta a más de 900 pasajeros y 100 tripulantes.

“Este es el cuarto crucero en lo que va de este año, que arriba a Isla Colón, atraído por sus paradisíacas islas”, mencionó Pimentel en un comunicado, agregando que  además del MS Artania, la institución atendió a unos 35 mil 477 pasajeros, durante los días de Semana Santa en Bocas del Toro.

Según información oficial, para salvaguardar la riqueza y diversidad del ecosistema en la isla, no se ha construido en el lugar una terminal de cruceros. Además la utilización de los taxis acuáticos se le brinda una oportunidad para incentivar la economía.

La embarcación transporta turistas alemanes, suizos, austriacos y de otros países europeos, cubriendo la ruta, Punta Arenas (Costa Rica), Bocas del Toro (Panamá), en Panamá, Trujillo (Honduras), Progreso (México) y finaliza en Tampa, (Estados Unidos).

De acuerdo con un comunicado de la AMP,  los huéspedes desembarcaron del buque para subir a los taxis acuáticos con la finalidad de realizar los diversos tours por las distintas islas que conforman el archipiélago de Isla Colón.

Por otra parte, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, afirmó en su cuenta de Twitter que con la llegada del crucero “sigue aumentando la visita de turistas en este bello destino”.

 

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Los emberá, algo más que turismo a orillas del río Chagres en Panamá

Acosados por narcos y guerrillas, varias familias de embera se vieron obligadas a abandonar sus territorios ancestrales de caza, en el Darién, la selva que corta la vía Panamericana, para buscar más pacífico acomodo en las orillas del Chagres, a sólo una hora de la capital de Panamá.

En el río que abastece el canal de Panamá se han constituido cinco comunidades indígenas, que han conseguido armonizar la constante llegada de turistas con la pervivencia de costumbres ancestrales, como bailes que impresionan por su sencillez, artesanía utilizando fibras vegetales y tintes naturales para fabricar coloridas vasijas, y una medicina basada en las plantas que sorprende por su eficacia.

El botánico de la aldea Emberá Drua, el señor Elías, como es conocido por todos, muestra orgulloso un pequeño huerto en el que cultiva plantas medicinales que, detalla, le permiten tratar con éxito desde algunos tipos de cáncer hasta las inevitables infecciones en un clima tropical.

De hecho, acoge de forma regular a pacientes procedentes de todo el mundo en su cabaña, un palafito abierto, el más espacioso de las poco más de una docena que integran una aldea en la que la sonrisa es permanente.

La sonrisa, y los niños, omnipresentes, numerosos, vivaces y alegres siempre, que corretean entre visitantes, se bañan en el río, o se preparan guirnaldas de flores para lucir en sus bailes tradicionales.

El Chagres es su vía de comunicación. Solo se puede llegar a la aldea en canoa, navegando o empujándola, en periodos de sequía, pero es también fuente de vida en su abundante pesca, en competencia con caimanes, garzas y martines pescadores de vivos colores.

La visita turística es muy simple: se llega a la aldea tras una hora de trayecto en auto desde ciudad de Panamá, y algo menos en canoa, con una parada obligada en la cascada que forma uno de los afluentes del Chagres, en un rincón mágico en el que el mayor riesgo es el de pisar las diminutas y en este caso inofensivas ranas que saltan en el barro.

Los emberá, que mantienen el carácter hospitalario de los pueblos indígenas que saben que de la cooperación depende la subsistencia, reciben al visitante con toques de flauta y tambores -la percusión es en esta etnia cosa de hombres- y mujeres de todas las edades ataviadas con sus vestidos tradicionales, aunque en algunos casos ya confeccionados lamentablemente con telas “made in China”.

Una sala comunal, techada con paja y construida con vigas de maderas nobles acoge una breve explicación de los motivos de su presencia en el Chagres, sus costumbres y modos de vida, previa al almuerzo, pescado de río servido en hojas y fruta tropical -piña y papaya- aportada por los propios visitantes.

Hay también un espectáculo de bailes tradicionales, en los que las mujeres danzan en círculos al son de los instrumentos manejados por los hombres, que suele culminar con la invitación a bailar a alguna turista por parte de los más atrevidos entre los varones.

Y un recorrido obligado por la exhibición de artesanías -collares y pulseras de semillas, cuencos, vasijas en las que el entrelazado de las plantas no permite pasar el agua o cucharas de cocina fabricadas con maderas de impresionante color y dureza, pero con nombres impronunciables para un viajero occidental.

Y, quizás, para terminar antes de embarcar de regreso, una visita a uno de los huertos de plantas medicinales del señor Elías, el botánico y la figura más respetada de la aldea, que estruja las hojas de sus hierbas medicinales para hacer sentir su olor vivificante a los forasteros.

 

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Los ‘pinchazos’ telefónicos suman una nueva querella

Una nueva querella fue presentada en el caso de los ‘pinchazos’ telefónicos. El Órgano Judicial, que salió a explicar sus razones por las que después de dos años y siete meses no se ha efectuado una audiencia ordinaria por la interceptación ilegal de comunicaciones durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009 – 2014), indicó que se encuentra pendiente de resolver una querella promovida por el dirigente sindical Genaro López.

Según la corporación de justicia, esto implica correr traslado a todas las partes involucradas en el proceso para, posteriormente, fijar una fecha de audiencia.

La respuesta es posterior a la difusión de un video en la cuenta oficial del Ministerio Público, que advierte de los retrasos en este proceso.

El Órgano Judicial se excusa de los retrasos alegando que la incapacidad médica de uno de los imputados, las peticiones de defensores particulares, una serie de pruebas que hubo que resolver y la interposición de un recurso de habeas corpus causaron la reprogramación de la audiencia en seis ocasiones.

En una comunicación de prensa, el Órgano Judicial explicó que Enrique Pérez, Juez Decimosexto del Circuito Penal de Panamá, incluso sancionó a dos defensores particulares por su actitud reticente de dilatar el proceso.

El Ministerio Público, por su parte, advirtió que en abril de 2015 culminó el proceso de investigación y se solicitó llamamiento a juicio a cuatro imputados: Gustavo Pérez, Alejandro Garuz Recuero, Ronny Rodríguez y William Pittí.

Dos años después, en abril de 2017, una audiencia programada se pospuso por la falta de notificación de testigos y una excusa de un abogado defensor.

En marzo de 2018, se programó otra audiencia que también fue suspendida por la presentación de un recurso de la defensa de Gustavo Pérez.

CAMBIO DE MEDIDA

Ayer, se conoció que este recurso fue resuelto a favor de la defensa de Gustavo Pérez, a quien se le reemplazó la detención provisional por impedimento de salida del país y depósito domiciliario.

El 6 de marzo de 2018, el Segundo Tribunal de Justicia declaró legal la detención preventiva de Pérez y accedió al cambio de medida cautelar solicitada por su defensa.

El Tribunal, compuesto por la magistrada Alina Hubiedo, Secundino Mendieta y Wilfredo Sáenz, fundamentaron su decisión en que el imputado ha cumplido tres años detenido por este delito. El Tribunal, sin embargo, agregó que no valoró aspectos de fondo porque corresponden a la fase ordinaria y al juzgador primario.

El Tribunal colegiado consideró también que no existía el peligro de destrucción de pruebas porque la investigación no había concluido y que tampoco había indicios de que este cambio de medida permita atentar contra la vida o la salud de otra persona o contra la suya misma.

Pérez, sin embargo, seguirá detenido por la pérdida de un equipo supuestamente usado para interceptar las comunicaciones.

El 30 de enero de 2018, el Segundo Tribunal de Justicia negó la libertad al exjefe de la Policía Nacional y del Consejo de Seguridad en este último caso.

El exfuncionario, además, fue condenado a cinco años de prisión por posesión ilícita de armas de fuego. Pero, en un fallo del 20 de noviembre de 2017, la Sala Segunda de lo Penal le cambió la medida cautelar de detención por impedimento de salida del país.

CASO ‘PINCHAZOS’

El caso se refiere a la intervención ilegal de las comunicaciones privadas de unos 150 políticos, periodistas, dirigentes sindicales y otros personajes públicos por parte del equipo de seguridad del expresidente. Pérez y Garuz fueron directores del Consejo de Seguridad Nacional y Rodríguez y Pittí, expertos en interceptaciones de ese organismo dependiente de la Presidencia de la República.

Los imputados están sindicados por la supuesta comisión del delito contra la libertad, en la modalidad de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, en perjuicio de Álvaro Testa Rivera, Zulay Rodríguez, Balbina Herrera, Mitchell Doens, Miguel Antonio Bernal y otros.

El expresidente Ricardo Martinelli también está siendo investigado por este caso por la Corte Suprema de Justicia por su condición de diputado del Parlacen.

Martinelli está detenido desde el 12 de junio en Miami, Florida, a la espera de que se resuelva una solicitud de extradición para que enfrente este proceso.

Martinelli es el reo 14813-104 de la prisión federal de Miami. El fiscal de la causa, Harry Díaz, pidió 21 años de cárcel. Díaz especificó que pedirá penas de cuatro años por interceptación de llamadas sin orden judicial, cuatro años por seguimiento, vigilancia y persecución, diez años por peculado por sustracción o malversación y otros tres años por un agravante de peculado de uso. Según la investigación, Martinelli habría establecido una oficina de acceso restringido en la última planta del edificio 150, sede del Consejo Nacional de Seguridad, donde funcionarios de inteligencia violaron las comunicaciones de decenas de ciudadanos por orden del entonces presidente.

 

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Aprueban de manera unánime ley sobre imprescriptibilidad

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó anoche de manera unánime en segundo debate el proyecto de ley 514, que busca establecer la imprescriptibilidad para los delitos contra la administración pública en Panamá.

El debate, que se prolongó por cinco horas, se centró en algunos cuestionamientos al establecer de por vida la imprescriptibilidad para estos delitos y en lograr que esta no solo sea aplicable para los funcionarios que participen de estos actos, sino también para las personas jurídicas.

El diputado Pedro Miguel González, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), cuestionó a los panameñistas, a los que recordó que durante la discusión del proyecto para reformar la Ley de Contrataciones Públicas no se atrevieron a incluir una norma para que las empresas a las que se les compruebe actos de corrupción puedan contratar con el Estado.

‘Ahora estamos proponiendo alcanzar a aquellas empresas a las cuales se les pudo demostrar que cometieron actos de corrupción en las contrataciones con el Estado. Hay empresas como Odebrecht que siguen contratando con el Estado panameño, al igual que sus filiales y otras empresas nacionales y extranjeras vinculadas a casos de corrupción’, dijo.

Manifestó que con la inclusión de una propuesta para alcanzar a las empresas y empresarios corruptos, ahora sí se puede hablar de imprescriptibilidad no solo para determinadas personas o funcionarios públicos, sino para los beneficiarios de la corrupción que ‘son precisamente los dueños de las empresas’.

En el debate se aprobó una norma para inhabilitar a contratar con el Estado a aquellas personas naturales o jurídicas que hayan sido condenadas en Panamá o en el extranjero por sentencia judicial definitiva o haber realizado acuerdos de pena o colaboración eficaz por la comisión de delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales o cualquier delito contra el orden económico, terrorismo, financiamiento del terrorismo o contra la seguridad colectiva.

RETROACTIVIDAD

Durante el debate el PRD y Cambio Democrático (CD) propusieron que los acuerdos de delación a los que había llegado el Ministerio Público con algunos empresarios vinculados con actos de corrupción fueran publicados en Gaceta Oficial. No obstante, ante el rechazo de los diputados panameñistas, fue sacada de discusión.

El diputado panameñista Adolfo Valderrama manifestó que la norma podría ser catalogada de inconstitucional. Aseguró que se le quería ‘pasar la pelota’ al Ejecutivo.

‘Esa propuesta no tiene sentido, no puede ser retroactiva, porque no es una ley de orden público. A mi juicio quieren darle la vuelta para que no quede constancia de que rechazan este proyecto de ley’, señaló.

El también panameñista José Luis Varela advirtió, por su parte, que con esta propuesta quedarían expuestos quienes participen en un acuerdo de delación, en especial cuando se trate de delitos del crimen organizado.

RETIRAN PROPUESTA

Al inicio del debate de ayer, el diputado Valderrama también cuestionó una propuesta del PRD y del CD para que se procediera a la suspensión de la investigación o proceso en aquellos casos en que el investigado, imputado, acusado, enjuiciado o procesado solicitase a una oficina pública la prueba que lo desvincule o exima de responsabilidad penal y esta no le sea concedida dentro del término de dos meses a solicitud de parte o del Ministerio Público o Tribunal, porque la misma fue deteriorada, destruida, extraviada o se deniegue su entrega.

Uno de los impulsores del proyecto, el estudiante de derecho Juan Diego Vásquez, sostuvo que la propuesta abría las puertas a componendas para que con jueces cuestionados se mantenga la impunidad.

‘Nuestro objetivo es cerrar las puertas a la corrupción, la redacción de esta propuesta es peligrosa’, dijo Vásquez.

Minutos después, a solicitud del diputado Pedro Miguel González, la propuesta fue retirada de la discusión.

 

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