Disminuyen los embarazos en menores de edad

Disminuyen los embarazos en menores de edad

El Ministerio de Salud (Minsa) indicó este lunes que la cifra de menores de edad embarazadas tuvo un descenso durante el año pasado, comparado con periodos anteriores.

‘Aunque las cifras del 2017 son preliminares, se nota una tendencia al descenso en el número de embarazos en menores. Se implementó el Programa de Salud Sexual y Reproductiva en el Minsa’, informó el ministro de Salud, Miguel Mayo, en su cuenta de Twitter.

El funcionario publicó en su cuenta de la red social las cifras de los últimos diez años de menores de edad embarazadas. De acuerdo a la información, el año pasado se registraron 9,009 menores de edad embarazadas, mientras que el año anterior la cifra fue de 9,516.

De acuerdo al cuadro presentado por el ministro Mayo, el año que más embarazos de menores de edad registró fue 2012, cuando se reportaron 10,786.

También revela que durante el pasado quinquenio gubernamental se registraron más embarazos a menores de edad. En 2009, con el cambio de gobierno e inicio de la administración de Ricardo Martinelli, se dieron 9,604. Al año siguiente bajó a 9,508; sin embargo, para el 2011 los embarazos se incrementaron a 10,367 y se mantuvo por encima de los 10,000 hasta el año 2015, cuando ya había iniciado el periodo de gobierno de Juan Carlos Varela.

 

Fuente: http://laestrella.com.pa

‘Un matrimonio solo puede estar compuesto de un hombre y una mujer’ dijo Navarro

El excandidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Juan Carlos Navarro, declaró su rechazo al matrimonio homosexual y a lo que ha expresado del tema la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), y pidió reflexionar sobre el asunto en la Semana Santa.

“Hace más de dos mil años Jesucristo sacrificó todo en la cruz, para que hoy la Corte Internacional (sic) de Derechos Humanos nos ordene violar lo que creemos y aceptar que dos personas del mismo sexo se casen”, reflexionó Navarro en un vídeo colgado en Twitter.

La CorteIDH emitió el 9 de enero pasado una opinión consultiva a solicitud de Costa Rica acerca de los derechos de la comunidad LGBTI (Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales) en la que dice que los estados tienen la obligación de garantizar el matrimonio a las parejas del mismo sexo.

Navarro, uno de los más de seis precandidatos presidenciales en el PRD para las elecciones del 5 de mayo de 2019, indicó que para muchos cristianos como él “un matrimonio solo puede estar compuesto de un hombre y una mujer”.

Exhortó a “fortalecer los valores de la familia” y, remarcó, a “no arrodillarnos ante una corte internacional que busca legalizar el matrimonio homosexual y la ideología de género en Panamá”.

Navarro, Alcalde de Ciudad de Panamá entre 1999 y 2009, reconoció que se debe ser tolerante pero, insistió, “no podemos violar nuestros principios como cristianos”.

“Los dejo con esta reflexión y les deseo mucha paz, amor y tranquilidad, en familia, en esta Semana Santa”, agregó Navarro.

El pasado 2 de febrero, el procurador de la Administración panameña, Rigoberto González, dijo que Panamá “no puede ignorar” el pronunciamiento de la CorteIDH a favor del matrimonio homosexual.

“No podemos ignorar lo que dice y ha interpretado el máximo tribunal en nuestra región, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, indicó González a la televisión local.

González, quien es el abogado del Estado, reconoció que el tema es “extremadamente polémico, pero aseguró que la CorteIDH “no absuelve consultas con fines académicos, sino previendo lo que puede ocurrir”.

La vicepresidenta y canciller panameña, Isabel De Saint Malo, dijo días después del pronunciamiento de la CorteIDH que el fallo podía ayudar al Gobierno a “avanzar en la agenda de equidad y no discriminación” y que iba a compartir el dictamen con los distintos órganos del Estado.

Las declaraciones de la canciller provocaron reacciones entre los sectores más conservadores del país, que la acusaron de presionar al Supremo panameño que tiene que pronunciarse sobre una demanda presentada en marzo de 2017 por una pareja gay que contrajo matrimonio en EE.UU. y que busca reconocer su unión en Panamá.

La Conferencia Episcopal Panameña y la Alianza Evangélica de Panamá llamaron a sus fieles en febrero pasado a formar un “frente común” para defender la familia tradicional y denunciaron que la CorteIDH pretende “imponer” en los países latinoamericanos una “ideología que va en contra de la naturaleza humana”.

El matrimonio homosexual es legal en una veintena de los 193 países reconocidos por la ONU, entre ellos 7 americanos: Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, México y Uruguay.

 

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Absolución para fotógrafo en caso de violación

Beneficio. Un recurso de apelación por la sentencia absolutoria emitida por un juzgado a favor del fotógrafo ‘Mr. Estrada’, presentará el abogado José Abel Almengor.

La decisión del juzgado fue tomada el 23 de marzo pasado, cuatro días después del juicio que se llevó a cabo en la sede del Ministerio Público de San Miguelito.

Expresó que los familiares de su clienta mostraron una indignación por los resultados del proceso, por cuanto pidió a los magistrados del Segundo Tribunal Superior revisar el proceso a profundidad.

En este caso, indicó Almengor, su representada tuvo que enfrentarse -en la audiencia- ante la presencia del sospechoso, quien supuestamente tuvo acceso carnal no consentido con la víctima cuando esta era menor de edad, es decir, cuando contaba 16 años. La afectada ahora tiene 18.

‘Esto es una burla más para la justicia y requiere de una investigación de las autoridades’, precisó el jurista.

El Ministerio Público informó que impugnará la sentencia absolutoria una vez sea notificada la fiscalía por parte del tribunal que lleva este caso.

‘Espero ser notificado por parte el tribunal superior de justicia para presentar el recurso y la sustentación’.
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Debaten ajustes al Código Procesal

El pleno de la Asamblea Nacional inició anoche la discusión en segundo debate del proyecto de ley 514 que modifica el artículo 116 del Código Procesal Penal, y que establece la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública.

De aprobarse esta iniciativa la acción penal no prescribirá cuando se trate de delitos de peculado, corrupción de servidores públicos, enriquecimiento injustificado, concusión y exacción, tráfico de influencias, abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos y fraude en los actos de contratación pública.

Durante el debate, el diputado de Cambio Democrático (CD) Mario Miller calificó de ‘excluyente’ el proyecto porque no están incluidos otros delitos.

Por su parte, el diputado panameñista José Antonio Domínguez expresó que se requieren iniciativas como estas para acabar con los actos de corrupción.

En tanto, el perredista Leandro Ávila abogó para que se legisle contra aquellas empresas que atenten contra los dineros del Estado. ‘Para que haya un corrupto tiene que haber un corruptor’.

 

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Asamblea Nacional discutirá cambios en circuitos

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional someterá discusión en primer debate el proyecto de ley 605 que busca reconfigurar los circuitos electorales para disminuir o incrementar la cantidad de diputados en algunas circunscripciones.

De acuerdo con el documento, presentado por los magistrados del Tribunal Electoral (TE), hubo una reducción de habitantes en los circuitos 8-7 (Ancón, Bella Vista, Betania, Calidonia, Curundú, El Chorrillo, Pueblo Nuevo, San Felipe y Santa Ana) y 8-8 (Río Abajo, San Francisco, Parque Lefevre y Juan Díaz), lo que amerita reconfigurar los circuitos antes de las elecciones de 2019.

También se detectó un incremento de la población en los circuitos 8-1 (Arraiján) y 8-10 (24 de Diciembre, Mañanitas, Pacora, Pedregal, San Martín y Tocumen).

Por tal razón, en el proyecto se establece que en los circuitos 8-7 (que a futuro será 8-3) y 8-8 (que será 8-4) se elegirán cuatro diputados en lugar de los cinco que se eligieron en 2014.

Mientras que en los circuitos 8-1 (que será 13-1) y 8-10 (que será 8-6) se incrementará en uno la cantidad de diputados a elegir, por lo que suben a cuatro y cinco diputados cada uno, respectivamente.

Con el documento también se cambiará la numeración de los circuitos de Panamá. Es decir, que el actual circuito 8-4 (Chepo, Chimán y Taboga) será el 8-1; el 8-6 (San Miguelito) será el circuito 8-2; el 8-7 será el 8-3, el circuito 8-8 será 8-4; el 8-9 (Chilibre, Las Cumbres, Alcalde Díaz y Ernesto Córdoba Campos; será el circuito 8-5 y el circuito 8-10 será el circuito 8-6.

 

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Tres exfiscales cuestionan acciones del Ministerio Público

na investigación por extorsión y otra por trata de personas en la provincia de Herrera tienen varios factores que llaman la atención. Por un lado, se menciona a una empresa; por otra, el despido de dos fiscales y por último, cinco trabajadores extranjeros que pasaron de denunciados a denunciantes.

Esta es la versión de dos fiscales de Herrera y Los Santos, Dalilia Villarreal y Enereida Barría, que fueron separadas de sus respectivos cargos el pasado 8 de marzo, en medio de una investigación por extorsión en contra de la constructora Rodsa y de una denuncia por trata de personas contra la empresa.

Villarreal era fiscal de Circuito y Barría, fiscal Superior. En esta madeja también interviene César Tello, quien era fiscal de ese distrito judicial, pero que fue trasladado a Colón y terminó renunciando.

La trama empezó, narra Tello, cuando su esposa —Katiusca Lee, quien labora como asesora legal de Rodsa— le comentó que dos abogados (Manuel Ávila y Diómedes Corrales) se le habían acercado con la intención de ‘llegar a un acuerdo’ a cambio de no presentar una denuncia por trata de personas en perjuicio de cinco trabajadores extranjeros que laboraban para una empresa subcontratistas de Rodsa en uno de los proyectos que desarrolla.

Los abogados, dice Tello, solicitaron $50,000 por cada extranjero; es decir $250,000 en total, para no presentar la denuncia ante los tribunales.

Esos mismos extranjeros habían presentado una demanda laboral contra Rodsa, pero fue desestimada.

Tello, entonces fiscal, decidió acompañar a su esposa a presentar la denuncia por extorsión, el 10 de agosto. La acción penal fue recibida por Villarreal, en calidad de fiscal de Circuito.

La investigación se inició y Villarreal coordinó con la Fiscalía contra el Crimen Organizado de Panamá y realizó varias diligencias, entre esas seguimientos a las personas, y una operación encubierta con dinero marcado que se realizó el 24 de agosto de 2017. Durante la operación, se aprehendió a los cinco extranjeros y a los dos abogados. ‘Todo se dio en conjunto con la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado’, dijo Barría a La Estrella de Panamá .

El 26 de agosto se realizó una audiencia ante el juez de garantías que decretó legal la aprehensión, avaló la formulación de cargos y dictó las medidas cautelares de detención preventiva y casa por cárcel.

Al día siguiente de la operación encubierta, el 25 de agosto, se presentó la denuncia por trata de personas, a pesar de que ya estaba preparada desde un mes antes.

Paralelamente, la investigación por extorsión continuó y se inició la de trata de personas.

El 10 de enero de este año, la Fiscalía de Crimen Organizado empezó las primeras diligencias por el delito de trata de personas e hizo entrevistas en la zona.

Habían pasado cinco meses y los extranjeros seguían detenidos. El pleito llegó hasta la jefa del Ministerio Público, Kenia Porcell, y luego de varias reuniones con la fiscal Villarreal, entre ambas se decidió solicitar la libertad de los cinco extranjeros con el argumento de que eran víctimas de trata de personas.

‘Eran dos investigaciones separadas y nosotros solo veíamos el caso de la extorsión’, dijo Barría a La Estrella de Panamá .

El 6 de marzo, Villarreal y Barría se volvieron a reunir con Porcell para hablar del tema y se decidió terminar el proceso. Villarreal avanzó el escrito de acusación contra los dos abogados, pero no lo terminó porque dos días después fue destituida.

El 12 de marzo, el nuevo fiscal de Circuito, Héctor Acevedo, solicitó al juez de garantías sobreseimiento para los cinco extranjeros y los dos abogados.

‘Le han querido hacer ver a la procuradora que se trata de un complot entre nosotros para armar un expediente y favorecer a Rodsa, cosa que no es así’, alegan los exfiscales.

 

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Se posterga audiencia por corrupción en el Sistema Penitenciario

 

El acto de audiencia programado para hoy, por el caso de corrupción en el Sistema Penitenciario, fue suspendido por tercera vez ante la excusa de una defensora pública que se encontraba participando en un seminario.

El Ministerio Público, según se informó en una nota de prensa, se encontraba preparado para participar de la audiencia en el Juzgado Primero de Circuito Penal donde se tenía previsto solicitar el llamamiento a juicio para 11 personas.

Se programó nuevamente para la fecha del 3 de julio de 2018, advirtiéndose que de no presentarse la defensa pública ni la defensa particular al acto de audiencia, se deberá notificar con tiempo al Tribunal.

Este sumario se inició en la Fiscalía Auxiliar de la República siendo tramitado posteriormente por la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, luego de detectarse dentro del Sistema Penitenciario Nacional una red de corrupción, denuncia presentada en el año 2015.

En este caso hay doce personas imputadas, entre las cuales se encuentran funcionarios del Sistema Penitenciario Nacional, exfuncionarios y particulares.

 

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Ministerio Público apela decisión en el caso ‘El Gallero’

La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas presentó formal apelación ante el Primer Tribunal Superior de Justicia en el caso de Eudocio ‘Pany’ Pérez, alto funcionario municipal de La Villa de Los Santos, separado.

Esta acción busca revertir el fallo judicial que se emitió, que dejaba sin efecto la imputación de cargos al alcalde separado, por un caso donde se desarticuló una organización criminal dedicada al tráfico de drogas.

El Primer Tribunal Superior de Justicia de Panamá concedió un amparo de garantías constitucionales interpuesto por Gladys Quintero, defensa de Eudocio ‘Pany’ Pérez, vinculado en el caso ‘El Gallero’

La decisión del Primer Tribunal, suscrita por los magistrados Carlos Trujillo, Miguel Espino y Olga Rujano, dispuso revocar el acto emitido por la juez de garantías en el caso, lo cual consiste en tener por presentada la formulación de la imputación que hiciera la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, durante el acto de audiencia oral celebrada los días 26 y 27 de septiembre de 2017, toda vez que se requería la autorización del Tribunal Electoral para adelantar investigaciones contra ‘Pany’ Pérez, quien poseía fuero penal electoral como subsecretario del Partido Revolucionario Democrático.

La defensa alegó que en las elecciones del 30 de noviembre de 2016 Pérez fue elegido como subsecretario y mantenía fuero electoral.

De acuerdo con un comunicado del Órgano Judicial, en cuanto a la postura de la juez de garantías que alega que el fuero penal electoral se pierde cuando la persona es aprehendida en flagrancia, ‘en el caso bajo estudio, no encuentra el Tribunal que se configure la flagrancia en los supuestos que contempla la norma (234 CPP), debido a que no existe una inmediatez personal, debido a que la vinculación que hace la Fiscalía al ‘amparista’ es producto de las escuchas telefónicas, que fueron autorizadas y sin que se le haya sorprendido en el lugar de comisión del delito, para que se considere una prueba contundente de su participación’.

 

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MEF lanza formulario digital del Cepadem

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) lanzó hoy el formulario digital que se habilitará próximamente para el pago del Certificado de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (Cepadem).

Este formulario se habilitó para sistematizar el proceso y facilitar la atención a la población, evitando las filas y brindarle un servicio de calidad a todos los beneficiarios, expresó el jefe de Programación e Inversión del MEF, Olmedo Arrocha.

El manual digital funcionará para el trámite de los Cepadem de los familiares de beneficiarios fallecidos; para la admisión de reclamos y para efectuar el levantamiento de datos de los beneficiarios no jubilados.

Cabe destacar que el formulario estará disponible a partir del 4 de abril en el sitio web http://cepadem.mef.gob.pa  y servirá para evaluar la documentación que adjunten los  familiares de beneficiaros fallecidos en esta herramienta tecnológica.

El diseño de la plataforma del Cepadem, busca minimizar errores al registrarse y fue desarrollado junto a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG). Se habilitará las infoplazas y oficinas de municipios a nivel nacional para que las personas que no tienen acceso a internet puedan asistir y realizar su solicitud.

Arrocha, dijo que aproximadamente unos de 90 a 100 mil beneficiarios de fallecidos recibirán el Cepadem, por lo que buscan a través de este formulario tener capacidad de atenderlos y evitar la aglomeración de filas. Se ha entregado el 95% de los Cepadem, y quedan pendientes unas 10 mil personas entre ellas un grupo de trabajadores que se jubilaron con leyes especiales, gestión que no se realiza a través de la Caja de Seguro Social.

 

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Gasto acelerado del presupuesto de la Asamblea Nacional

En medio de la polémica entre la Asamblea Nacional y el Órgano Ejecutivo, a la que se suma la intención de la Contraloría General de la República de auditar el uso de las planillas para el nombramiento de personal, La Estrella de Panamá fue informada de que la institución mantiene un uso acelerado del presupuesto asignado para el año fiscal 2018.

Según se informó, en apenas tres meses transcurridos, la Asamblea Nacional ha utilizado cerca del 50% del presupuesto que se le asignó para el funcionamiento en todo el año fiscal en curso.

Los números indican que como institución la Asamblea ha utilizado $35.7 millones de las partidas que corresponden a funcionamiento, y que en el renglón de inversión se ha hecho uso de $10 millones, lo que ha generado inquietud de la Contraloría y de allí la intención de realizar una auditoría a los fondos asignados, sobre todo en lo concerniente a la Planilla 080, que corresponde a los nombramientos que hacen los diputados para le personal de sus respectivos circuitos electorales.

A la Asamblea Nacional se le asignó para este año un presupuesto de $122 millones, distribuidos en $107 millones para funcionamiento y $14 millones para inversiones.

En el rubro inversiones es donde más se ha utilizado. Del total de $14 millones asignados, ya se ha hecho uso de cerca de $10 millones, en un periodo de tres meses.

LEY DE PRESUPUESTO

Por otra parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, Luis Barría, alega que algunos medios de comunicación social y dirigentes políticos y de la sociedad civil están cuestionando el funcionamiento de esta instancia sin conocer las normas que la rigen.

Barría alega que en algunos canales de televisión cuestionan las fechas en que sesiona la Comisión de Presupuesto o las veces que se han reunido para sesionar, pero no conocen el artículo 295 de la Ley 72, que establece los procedimientos y horarios para las convocatorias de esta instancia.

El diputado Barría explicó que la citada norma jurídica establece que esta comisión, no se puede reunir en enero para aprobar traslados de partidas o créditos extraordinarios, sino hasta el mes de febrero, cuando se pueden hacer estas modificaciones al Presupuesto General del Estado.

 

Fuente: http://laestrella.com.pa