ONU anuncia a panameña como nueva Directora Ejecutiva

ONU anuncia a panameña como nueva Directora Ejecutiva

La ONU anunció hoy el nombramiento de la panameña Natalia Kanem como nueva directora ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU).

En un comunicado, la ONU destacó que Kanem aporta “más de tres décadas de liderazgo estratégico en los campos de la medicina, la salud pública, la paz y el desarrollo, los derechos humanos y la justicia social”.

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Kanem fue entre 2014 y 2016 representante del FPNU en Tanzania y antes de llegar a Naciones Unidas ocupó distintos puestos en organizaciones como la Fundación Ford y ELMA Philanthropies Services, una entidad privada que trabaja con niños y jóvenes en África.

Anteriormente, había comenzado su carrera en el ámbito académico, trabajando en las escuelas de medicina y salud pública de las universidades estadounidenses de Johns Hopkins y Columbia.

El Fondo de Población de la ONU comenzó su actividad en 1969 como encargado de los programas de población de la organización, basados en los derechos de los individuos y las parejas a decidir libremente el número de miembros de su familia. La salud reproductiva, la igualdad de género y la población y el desarrollo son las tres áreas de acción principales de su mandato.

LA ESTRELLA

La SIP atenta a propuesta de ley

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se manifestó atenta ante una iniciativa de ley en Panamá para penalizar los delitos cibernéticos que podría afectar la libertad de expresión y de prensa.

El 27 de septiembre el Procurador General de la Nación Encargado, Rolando Rodríguez, presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto reforma al Código que penaliza nuevos delitos cometidos a través de medios cibernéticos. Se destaca la pornografía infantil, el acoso, estafas, robo de identidad, ciberataque, interceptación de redes y la captura de datos bancarios, entre otras faltas.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, dijo que la SIP se mantendrá atenta al desarrollo de la discusión de la reforma, ante la preocupación de que los castigos puedan lesionar otros derechos inherentes a las libertades de prensa y expresión. Añadió que en estos casos es importante el principio adoptado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en casos de iniciativas para proteger el ciberespacio “los Estados deben incluir explicitas salvaguardas en la norma para asegurar que no se criminalicen conductas regulares o inherentes al uso del Internet”.

Rock, director del portal La Silla Rota de Ciudad de México, México, agregó que, ante iniciativas similares en otros países, la SIP alertó sobre una resolución que hizo propia junto a otras organizaciones mundiales de libertad de prensa durante las discusiones en la Cumbre Mundial sobre Sociedad de la Información de la ONU, respecto a que la mayoría de los delitos a través del internet ya están tipificados en los Códigos Penales y las legislaciones existentes “por lo que a veces no es necesario agregar más tipificaciones que podrían incurrir en castigar a quienes difunden la información”.

En ese sentido, la SIP puso especial atención a los expresado por asociaciones de prensa y gremios periodísticos panameños respecto a que las penas de cárcel que podrían caber a periodistas por divulgar información, contradecirían logros alcanzados con la despenalización de los delitos de calumnia e injuria.

La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

LA ESTRELLA

Gobierno busca agilizar las asistencias legales en materia penal (TALM)

El Ministerio de Gobierno sostiene conversaciones con el cuerpo diplomático acreditado en Panamá para buscar un mecanismo de agilizar las asistencias legales en materia penal establecidas en el Tratado de Asistencia Legal Mutua y Cooperación Internacional (TALM).

Las reuniones con los embajadores la realiza la Oficina del TALM, a cargo de María Elvira Arrocha, que está adscrita al Ministerio de Gobierno.

‘Hasta el momento el TALM ha conversado con representantes del cuerpo diplomático de Brasil, Canadá, Colombia, Chile, El Salvador, España la Federación Rusa, Guatemala, Nicaragua y México, entre otros’, señala un comunicado del Ministerio de Gobierno.

Arrocha indicó que hay casos en que solo la sola solicitud de asistencia tarda casi un año para llegar a Panamá e iniciar su trámite, lo que demora aún más el tiempo de respuesta.

Panamá mantiene tratados bilaterales y multilaterales con 14 países y el objetivo de estos encuentros, dijo Arrocha, es reforzar la comunicación con las autoridades centrales de esas naciones. A pesar de contar con tecnología, en ocasiones se hace muy difícil contactar directamente a un Fiscal de Asuntos Internacionales de otro país o una Secretaria de las Cortes Supremas de Justicia, de las naciones firmantes.

Lo que se quiere es que a través de los representaciones diplomáticas en Panamá (embajadores o cónsules) sean intermediarios que facilitarían la comunicación y la cooperación internacional para que el servicio que presta el TALM sea de una buena calidad y podamos responder a tiempo los requerimientos de esos jueces y fiscales, indicó Arrocha.

A la vez, los funcionarios panameños también puedan acceder de forma expedita a la información que requieren de otras naciones.

Los diplomáticos acreditado en Panamá, por su parte, agradecieron la iniciativa en tratar de fortalecer la cooperación de los estados que permitirá la llegada de información clave para el desarrollo de un proceso legal, especialmente, en el momento de la indagatoria, o en fase de práctica de pruebas, que al final puede marcar la diferencia.

El Ministerio Público adelanta varias asistencia legales como consecuencia del caso Odebrecht.

LA ESTRELLA

os trabajos de remodelación en el Instituto Fermín Naudeau tienen un 18 % de avance.

Incomodidad. Para el próximo año escolar 2018, los estudiantes del Instituto Fermín Naudeau tendrán que recibir sus clases en las antiguas instalaciones donde se encontraba el Colegio Oxford School, ubicadas entre la vía España y la avenida Federico Boyd.

Será un año y tres meses que los alumnos y docentes tendrán que esperar ser reubicados, mientras que el Ministerio de Educación (Meduca) termine de hacer los trabajos de ampliación y remodelación del Instituto Fermín Naudeau, que tiene un 18 % de avance a un costo de $7 millones.

Mario Caparroso, gerente del programa ‘Mi Escuela Primero’ del Meduca, informó que en su primera fase se hacen las remodelaciones internas de los salones. Se realizan el cambio de los pisos, de los aparatos de aire acondicionado, mantenimiento de los pasillos, construcción de barandales, rehabilitación del gimnasio, entre otras obras.

Sostuvo que para hacer estos trabajos se ha tenido que reubicar a los profesores y los estudiantes hacía el Colegio Oxford School, pero ‘los dueños de lo ajeno’ se encargaron de hacer daños a las instalaciones eléctricas en esa escuela privada.

Dijo que para el lunes 2 de octubre de 2017, la compañía eléctrica instalará el nuevo medidor para que las aulas tengan electricidad y se puedan reprogramar las clases.

Ricardo Connolly, educador del Fermín Naudeau, indicó que ayer se tenia previsto que se instalara la electricidad luego de que los planos fueran aprobados por las autoridades de educación.

EL SIGLO

CSS instala maquinas de hemodiálisis en el Hospital Santo Tomás

Veintinueve máquinas para el tratamiento de diálisis son instaladas en la nueva sala de Hemodiálisis, que la Caja de Seguro Social (CSS),  habilitará en el hospital Santo Tomás, informó la Dra. María Nieda, Coordinadora Nacional de Diálisis.

La doctora Niedda indicó que del total de máquinas, 27 serán de uso diario y dos serán de respaldo.

La nueva sala tendrá una capacidad de 150 pacientes que padecen de insuficiencia renal  y ayudará a desconcentrar la atención que actualmente se ofrece en el Hospital Metropolitano Dr. Arnulfo Arias Madrid.

Explicó la Coordinadora de Diálisis,  que al inicio de la puesta en marcha de la nueva sala, se trasladarán de manera escalonada alrededor de 100 pacientes con el cuidado y la observación médica requerida.

Recientemente, el director general de la CSS, Dr. Alfredo Martiz F., manifestó su preocupación por el incremento de pacientes con problemas renales en Panamá y como enfermedad crónica degenerativa.

La adecuación de la nueva sala tiene una inversión de 4.1 millón de dólar y la contratación del servicio es por 24 meses para la atención en tres turnos, de pacientes procedentes de Colón, Panamá Oeste, Coclé y del complejo hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid.

EL SIGLO

Jornada de depuración y actualización de registro electoral

Avance. La jornada de depuración y actualización de registro electoral que realiza el Tribunal Electoral continuará hoy y mañana en el país.

Estas actividades tienen el objetivo de motivar que los votantes para que antes de las elecciones de 2019 actualicen su cambio de residencia.

Los funcionarios del TE visitarán este fin de semana varias comunidades de Bocas del Toro, Coclé, Colón, Darién, y Chiriquí.

También realizarán registros y verificaciones en las provincias de Herrera, Los Santos, Panamá y Veraguas.

EL SIGLO

Expresidente de Panamá Ricardo Martinelli presentó un nuevo recurso de amparo

El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli presentó un nuevo recurso de amparo para que se desestime la decisión del juez Edwin Torres de avalar su extradición, y ahora tiene “todos los escenarios abiertos” para lograr que se reconozca que el suyo es un “caso político”.

Así lo señaló hoy a Efe el portavoz de Martinelli, Luis Eduardo Camacho, al confirmar que el recurso de “hábeas corpus” fue presentado este viernes ante la jueza Marcia G. Cooke, de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida.

De acuerdo con Camacho, Martinelli, detenido desde el pasado junio, se encuentra “físicamente bien y anímicamente también”, aunque lógicamente no le es grato estar detenido por “una situación injusta cuya responsabilidad es del Gobierno de Juan Carlos Varela”.

Tras señalar que la justicia de Estados Unidos no tiene un proceso abierto contra Martinelli, el portavoz aseveró que la defensa “ha reiterado y probado hasta la saciedad que es un proceso político”, pero debe lidiar con un sistema judicial diferente, en el que la Fiscalía asume la representación del solicitante de la extradición.

Camacho manifestó que si los jueces no vieran solo la parte formal de la solicitud de extradición y entran “un poquito” en el fondo, el resultado del juicio hubiera sido distinto.

El juez Torres decidió el pasado 31 de agosto que sí había lugar a la extradición de Martinelli, requerido en Panamá por los presuntos delitos de malversación de fondos (peculado) y escuchas ilegales.

Torres indicó en su fallo que la solicitud de extradición presentada por Panamá “satisface todos los requerimientos” y dio la razón a la Fiscalía de EE.UU., que representó en este caso al Gobierno del país centroamericano.

El magistrado Torres señaló que “hay suficiente evidencia para establecer causa probable para todos los cargos presentados contra el (ex) presidente Martinelli”, y que la conclusión conlleva la existencia de “motivos razonables para suponerle culpable de todos o algunos de los delitos imputados”.

El recurso sobre el que deberá pronunciarse ahora la jueza Cooke, alega que la extradición fue solicitada no en base a delitos y cuestionan que la Fiscalía haya aplicado la retroactividad en la convención del cibercrimen cuando, a juicio de los abogados de la defensa, no es aplicable, según ha trascendido en medios panameños.

Efe pudo constatar que el recurso fue transmitido a este tribunal del Distrito Sur de Florida, aunque el documento no está abierto al público.

Detenido el pasado 12 de junio en Miami, Martinelli está requerido en su país por peculado (malversación de caudales públicos), por la supuesta compra con fondos públicos de sistemas de vigilancia y escuchas ilegales a 150 personas, entre opositores, periodistas y empresarios, ocurridas entre 2012 y comienzos de 2014.

El expresidente llegó en 2015 a Miami tras abandonar Panamá el 28 de enero de ese año, el mismo día en el que el Supremo de ese país abrió la primera de las causas penales en su contra.

Martinelli tiene planteada desde ese año una solicitud de asilo, aún no respondida, en la que alega que es un “perseguido político” del actual mandatario panameño, Juan Carlos Varela, quien fue canciller y vicepresidente durante su gobierno.

LA ESTRELLA

Caso ‘El Gallero’ cuestionado por la Fiscalía

El denominador común de los abogados de los procesados en el caso ‘El Gallero’ fue el cuestionamiento de la investigación de la Fiscalía Primera Superior en Delitos Relacionados con Drogas, por considerar que las técnicas especiales utilizadas, como las escuchas telefónicas, carecen de elementos de convicción para mantener a sus clientes en detención provisional.

En audiencia, que inició ayer a las 9 de la mañana y se extendió hasta bien entrada la noche en el Sistema Penal Acusatorio, la jueza Josefa Monfante escuchó los alegatos de los once juristas que se opusieron a las que calificaron de ‘severas medidas’ contra sus clientes por parte de la Fiscalía que solicitó la detención provisional para cada uno de ellos, excepto de Ernesto Ricardo Bowell, considerando sus 70 años de edad.

Alexander De Gracia, defensa de Manuel Antonio ‘Tony’ Domínguez Walker, a quien la Fiscalía considera el cabecilla de la red, cuestionó la veracidad de las escuchas alegando que la Fiscalía no tenía la capacidad de probar que la voz era la de su cliente, ni que él estuviera en los sitios que señala la autoridad porque no existía un informe de la empresa telefónica que señalara la activación de la antena mientras se escuchaban las conversaciones. Aunado a esto, indicó que el fiscal a cargo Marquel Mora, hizo referencia sobre la imputación de bienes de su cliente, más no confirmó ni uno de ellos en el Registro Público.

‘Tony’ había sido procesado anteriormente por delito de blanqueo de capitales, caso en el que salió absuelto en el 2015. Su abogado tomó esta experiencia para llamar la atención de la jueza y ‘desmentir las afirmaciones del fiscal’. El abogado también reclamó el hecho de que la investigación que se inició en octubre de 2016, y se han abierto otras investigaciones por las incautaciones de droga en otras jurisdicciones nacionales, debieran remitirse a la capital. De Gracia solicitó para su cliente país por cárcel y que acuda a firmar una vez por semana a la oficina que designe la jueza.

‘NO ES POLÍTICA’

Por su parte, la abogada Gladys Quintero apoderada del alcalde de La Villa de Los Santos Eudocio ‘Pany’ Pérez Flores imputado por blanqueo de capitales, reclamó al fiscal Mora la vinculación de su cliente con el delito. Dijo que no estaba claro si es producto del tráfico de drogas o por corrupción. ‘El fiscal lo confunde’, manifestó.

Mientras hablaba la defensora -el alcalde vestido de saco azul y camisa a rayas celestes, con mejor semblante que el primer día que compareció ante la jueza- la miraba y asentaba con la cabeza, luego volteaba a ver a la jueza como si fuera a cerciorarse de que tomara nota de su defensa, de las palabras que podrían exculparlo de las acusaciones de la Fiscalía.

Quintero preponderó que el alcalde es un hombre de 60 años, con siete hijos, y dos de ellos dependen de manera directa de él. Coincidió, no obstante, con la petición de la Fiscalía de suspenderlo de las funciones públicas para dar tranquilidad a la autoridad de que no destruiría prueba alguna. Narró que su cliente no tiene antecedentes penales y que pertenece a un partido político reconocido, por lo tanto, no tiene peligro de fuga como alegaba el fiscal en sus argumentos. Así, solicitó a la jueza que le conceda país por cárcel en vez de la detención provisional.

El Fiscal Mora refutó a la abogada en el punto del blanqueo. Dijo que la interpretación de las unidades policiales que analizaron las escuchas fue que el dinero que entregó ‘Tony’ al alcalde no era para el Municipio, sino para el funcionario. Dejó saber a la sala que ‘esto no tiene nada que ver con política, yo vine a hacer un trabajo aquí’, reiteró Mora.

LOS DATOS DEL MAYOR

Quizás una de las exposiciones más concisas de las intervenciones de los abogados fue la de Israel Marín, que representa al Mayor de la Policía Luis Omar Álvarez. El mayor está relacionado al caso por aportar a uno de los supuestos miembros de la banda, información sobre la placa de un vehículo.

La llamada, interceptada por las autoridades, se efectuó el 29 de mayo pasado, el mismo día que consta en la resolución que autoriza la interceptación. Esta casualidad llamó la atención del abogado quien puso en duda el proceso efectuado por la Fiscalía para este propósito. Marín explicó que su cliente no entró en la base de datos para obtener la información, tal como lo asegura la Fiscalía. Hecho que da pie al delito de corrupción de funcionarios que pesa sobre el Mayor. El defensor comunicó que el Policía con 24 años de carrera llamó a la Dirección de Investigación Judicial para recabar la información, y retó al fiscal a aportar las pruebas que indican que el Mayor no siguió los procedimientos normales. Incluso dijo que la parte acusadora no tenía certificación de las telefónica de que el número interceptado de Andrés Moreno Zamora (integrante de la red que recibió la información) le pertenezca. Además no se benefició económicamente por haber otorgado al información, dijo el abogado.

El Mayor no aparece en ninguno de los 6 eventos que citó el fiscal como principales que permitieron la operación y no conoce a los miembros de la red. Lo que no explicaron durante la audiencia es cómo, o por qué razón, Moreno Zamora llamó directamente al celular del mayor para reportar la placa de un auto sospechoso, y no a la central de la Policía.

El mayor cuenta con 25 meses acumulados de vacaciones que cumple por orden de sus superiores después de haber sido acusado en una Junta Técnica de varios delitos.

EL AGENTE POLICIAL

Manuel Estéban Salazar, agente de la Policía imputado por delito de tráfico internacional de drogas, estuvo representado por Rigoberto Vergara.

Se le acusa de haber ayudado a hacer un hueco para ocultar droga que había ingresado por la costa de Los Santos. Su defensor alegó que en el Código Procesal Penal no está tipificado el delito de ocultamiento, sino de intentar o de sacar la droga del país. Solicitó a la fiscalía explicar cómo su cliente ayudó a ocultar la droga o sacarla.

Su cliente está vinculado por una llamada entre miembros de la organización que mencionaron el nombre de ‘Manuel’ como uno de los que podría ayudar a hacer el hoyo. El analista, según el letrado, interpretó que se trataba de él por tener el mismo nombre. Ante esto, el fiscal refutó que los actos que se exponen en la carpetilla con respecto al agente son convincentes en cuanto a la relación del mencionado con la organización. ‘El hecho de ocultar la droga es delito en tanto y cuanto a que prestaba ayuda para cometer un delito’, respondió Mora.

El abogado solicitó a la jueza que le otorgue medida de país o casa por cárcel y firmar dos veces por semana.

BRAZO FINANCIERO

Alberto Luis Chávez Chen es catalogado como el brazo financiero de Tony, líder de la banda. El jurista Arquímedes Saez rebatió la postura de la Fiscalía en cuanto a la ausencia de detalles en las actividades que supuestamente practicó su cliente, como dónde, cuándo, etc. Se pregunta qué certeza tiene el fiscal de que su cliente -cuyas comunicaciones telefónicas eran escuchadas por las autoridades- era quien conversaba con Gabriel Ibarra, un joven detenido en uno de los decomisos de droga efectuados a lo largo de la operación Gallero.

Alegó que la petición de la medida de la fiscalía, que solicitó la detención provisional, es más bien un debate jurídico y no un mandato. ‘Hay que convencerla -dijo a la jueza- que si otorga una medida diferente pueda poner en riesgo la comparecencia de mi cliente’. Aunado a esto indicó que las implicaciones de Chávez Chen son por referencia indirecta, pero que el fiscal no cuenta con pruebas que lo comprueben. Solicitó entonces a la jueza imponga impedimento de salida del país, arraigo domiciliario y que comparezca a firmar lunes, miércoles y viernes a la oficina que designe la jueza.

El fiscal Mora rebatió los alegatos de la defensa al decir que Chávez Chen estuvo presente en las tres entregas que se hicieron al alcalde, que además existen en la carpetilla las diligencias donde los tribunales de garantía autorizaron la intervención telefónica y que el brazo financiero de Tony aparece en registros fotográficos en distintos episodios relacionados con los cargos endilgados.

Al final de la sesión, la jueza ordenó arresto domiciliario para el alcalde Eudocio ‘Pany’ Pérez y Roxana Norato.

EL ALCALDE DE LOS SANTOS RECIBIÓ APOYO DE SUS COPARTIDARIOS

A la audiencia celebrada ayer presidida por la jueza Josefa Monfante acudieron miembros del partido Revolucionario Democrático para dar respaldo al alcalde Eudocio Pany Pérez, primer subsecretario de este colectivo. Mitchell Doens, Pedro Miguel González, Doris Zapata, Rosario Turner, y otros simpatizantes mostraron su apoyo moral al alcalde que tuvo ocasión de saludar a algunos de ellos en los recesos convocados por la jueza.

La audiencia estuvo marcada por largas intervenciones de los abogados que iniciaron a la una de la tarde, después de un receso que dio punto final al periodo de imputaciones de la Fiscalía Primera Especializada en Delitos de Droga.

La jueza no impuso límite de tiempo a las intervenciones de los juristas, por lo que cada uno se tomó casi una hora para su descargo. Actualmente la carpetilla 2017-1506 consta de 6 tomos, dos de ellos contienen registros de llamadas telefónicas.

LA ESTRELLA

Caso ‘el gallero’ podría tener más implicados

El líder de la organización criminal ‘el gallero’, Manuel Antonio ‘Tony’ Domínguez Walker, manejaba una red de tráfico de drogas y blanqueo de capitales que tenía como fachada una gallera que le pertenecía, de ahí el nombre de la operación realizada por la Fiscalía Primera de Drogas, a cargo del fiscal Markel Mora, quien dirigió la investigación que dio con la detención de once personas, la incautación de treinta vehículos valorados en varios millones de dólares, dos toneladas de droga, un millón de dólares en efectivo y dos subametralladoras.

‘Tony’, un hombre de cerca de 40 años, casado, con tres hijos menores y estudios hasta sexto año -como la mayoría de los miembros de la organización- tenía un negocio de pelea de gallos que utilizaba como fachada para blanquear los dineros producto del narcotráfico, tal como señala la pesquisa de la Fiscalía que narró a la jueza de garantías, Josefa Monfonte, ayer en una audiencia que se estiró hasta la noche.

La investigación se inició el 21 de octubre de 2016, cuando la Policía Nacional puso en conocimiento del fiscal la existencia de una red que traficaba droga. La Fiscalía, entonces, solicitó a los Tribunales la autorización para la interceptación de las comunicaciones, así como el seguimiento y vigilancia de los miembros del grupo.

De esta forma, y a lo largo de un año, el fiscal Mora y su personal recabó varias interceptaciones telefónicas, fotografías, decomisos de droga, dinero y armas, que evidencian el modus operandi de la organización que involucra al alcalde de La Villa de Los Santos, primer subsecretario del Partido Revolucionario Democrático, Eudocio ‘Pany’ Pérez, a su asistente, a un mayor de la Policía Nacional, un agente, operativos y testaferros.

Los sindicados están imputados por varios delitos: blanqueo de capitales, contra la seguridad colectiva en la modalidad de tráfico de drogas, asociación ilícita para delinquir, contra la administración pública y corrupción de servidores públicos.

Después de ser imputado, ‘Tony’ pidió a la jueza ‘una investigación objetiva porque hay personas inocentes’, aunque no se exculpó de los delitos que se le endilgan.

El fiscal indicó que se trata de una ‘compleja’ estructura criminal que toca a más personas y que operó con la participación de autoridades para facilitar la actividad.

EL ALCALDE

A sus sesenta años, Eudocio ‘Pany’ Pérez observa cómo la jueza de garantías le imputa una serie de cargos respaldados por las averiguaciones de la Fiscalía que tiene su voz grabada en varias conversaciones con el cabecilla de la organización, a quien agradecía el apoyo económico, se ponía a sus órdenes para futuros actos recreativos y otorgaba permisos para los eventos organizados por el principal autor intelectual de la organización (‘Tony’) para legitimar la plata producto del tráfico de drogas.

El fiscal narró el contenido de estas conversaciones. Indicó que ‘Pany’ iba a recibir $15,000 en efectivo para permitir los eventos de ‘Tony’ en carnavales.

Las llamadas del cabecilla se habrían realizado desde el mismo número telefónico que se coordinaba el recibimiento, encubrimiento y tráfico de droga desde Los Santos hacia Costa Rica. ‘A ‘Pany’ no le gustaban los depósitos, esbozó el fiscal, por eso se hacían los pagos en efectivo y en ocasiones se entregaba el dinero a través de Alberto ‘Beto’ Luis Chávez Chen’, el brazo financiero y quien administraba la gallera.

Uno de los sucesos que robustece la tesis de la fiscalía ocurrió el 11 de diciembre de 2016. Ese día, ‘Tony’ telefoneó a ‘Beto’, quien le dijo que se encontraba en compañía del alcalde de La Villa y que ya le había entregado el dinero, los $15,000. ‘Beto’ le pasó el teléfono al alcalde y éste le agradeció el pago: ‘Gracias, hermano’, le dijo, a lo que ‘Tony’ respondió: ‘No, alcalde, a la orden siempre’.

Las llamadas indican que el alcalde se puso a órdenes de ‘Tony’ y añadió que ‘para que el comisionado no lo esté jodiendo’ le iba a dar una cortesía de sala en el Concejo.

Al parecer, ‘Tony’ tenía problemas para resguardar la seguridad de sus eventos.

En esa conversación, según el fiscal Mora, ‘se da la actividad en que ‘Pany’ recibe el dinero procedente de actividades relacionadas con droga’. En la audiencia, este martes, el alcalde lucía despeinado y acongojado mientras escuchaba con atención las declaraciones del fiscal.

Las averiguaciones relatan una segunda entrega de dinero al alcalde, esta vez el 4 de enero de 2017. Durante esta conversación, ‘Tony’ y ‘Beto’ darían al funcionario $20,000 para un evento de carnavales. El alcalde recibiría la plata a través de su asistente, Eduardo José Vásquez Vásquez, de 38 años de edad, funcionario municipal con un salario mensual de $800.

Además de los informes de monitoreo, hubo otro evento, el 4 de febrero, una tercera entrega de dinero que se coordinó a través de ‘Beto’. En esa oportunidad, ‘Tony’ le envió al alcalde un mensaje: ‘que se ponga los pantalones y que pronto vendría la política’. Así aprovechaba para hacerle saber que podía contar con él para su próxima campaña.

EL TRÁFICO

Para la sustentación de las acusaciones, el fiscal relata seis eventos importantes. Los sucesos están respaldados por grabaciones telefónicas que detallan la coordinación del recibimiento de droga en Chumajal, Los Santos, en los que intervienen ‘Tony’ y un sujeto identificado como Gabriel Ibarra, quien coordinaba el recibimiento de la droga.

El segundo hecho se refiere a lo ocurrido el 22 de noviembre de 2016, cuando las conversaciones de los mencionados revelan que se recibiría un nuevo cargamento y que habría que hacer un hueco más grande, similar al que había efectuado anteriormente José Antonio ‘Toñín’ Villarreal, para lo cual debía buscar a más hombres que le ayudasen. Así es que le ordena llamar al agente de la Policía Manuel Esteban Salazar, para realizar las labores.

En el segundo evento se incautaron 800 paquetes de cocaína que sirven a la Fiscalía como evidencia de la actividad ilegal de la red.

Las reacciones de los integrantes a raíz de la incautación también son parte sustancial de los argumentos de la Fiscalía. ‘Tony’ recibió una llamada de Ibarra, quien le dijo que lo ‘sapearon’ y que iban a ir por él.

El tercer caso concierne al decomiso de 111 paquetes de droga en Guabalá, en Chiriquí, en el que se hace referencia a los autos que utilizaron para mover la droga y que posteriormente fueron decomisados.

Otro más involucra al mayor de la Policía Luis Omar Álvarez -de 46 años con un ingreso mensual de $2,600-, quien supuestamente dio información a los traficantes sobre una placa de un auto. La fiscalía sospecha que el mayor colaboraba con la banda ofreciendo más información. Este caso se relaciona con el decomiso de $839,000, la incautación de 233 paquetes de marihuana y dos armas de fuego, y se desarrolló entre mayo y junio pasado.

También se detectó a los testaferros de la red, siendo estos el padrastro de ‘Tony’, Ernesto Ricardo Bowen, un jubilado de 70 años con una pensión mensual de $600, pero que, inexplicablemente, posee un Lamborgini rojo, tres carros Lexus, un Mercedes Benz y un remolque.

En la tipología del blanqueo, dijo el fiscal, ‘se concluye que hasta el momento se han adquirido bienes sin poder establecer el origen lícito de los fondos, así como la apertura de cuentas bancarias para mover el dinero y blanquearlo’.

Otra sindicada es una joven de 32 años llamada Roxana Norato, con estudios universitarios y que dijo ser comerciante independiente dedicada al alquiler de equipo pesado. Indicó que mensualmente tiene un ingreso de $4,000 a $5,000. Aparentemente, Norato apoyaba a la organización en la logística.

LACNIC se apodera de Panamá ¡Tecnología!

Panamá se convertirá en el 2018 en la sede de la 29° reunión de Registro Regional de Internet para América Latina y el Caribe (LACNIC, por sus siglas en inglés), evento internacional que promueve la cooperación y defensa de los intereses de Internet, con el objetivo que sea un instrumento efectivo de inclusión social y desarrollo económico, para todos los países y ciudadanos de América Latina y el Caribe.

LACNIC tiene un impacto local muy importante debido a que impulsa el desarrollo y promoción, de Internet estableciendo contactos de primera mano con expertos reconocidos a nivel regional y mundial, capacitación técnica, talleres, foros y paneles que se desarrollan durante el evento.

Irvin Halman, administrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) agradeció a los organizadores la distinción de seleccionar a Panamá como sede de esta reunión, lo que permitirá convertir al país en una vitrina que dará a conocer los avances de la Estrategia Panamá Hub Digital para el Desarrollo del Sector de las Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC), en los próximos 10 años.

Este evento se realizará del 23 al 27 de abril de 2018 y espera la asistencia de aproximadamente 450 personas de la región, entre proveedores de servicios de Internet, redes académicas, organismos gubernamentales, operadores de ccTLD, operadores de NAPs/IXPs, organizaciones de la sociedad civil, representantes de empresas de servicios, software y hardware y profesionales de la industria de telecomunicaciones en general.

Entre los temas que se abordarán en esta reunión destacan ciberseguridad, gobernanza de Internet, adopción de IPv6, Internet de las cosas, despliegue de puntos de intercambio IXPs, interconexión, temáticas que permitirán discutir y compartir experiencias para el desarrollo de Internet en América Latina y el Caribe.

LA ESTRELLA