Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró el 135 Período Ordinario de Sesiones de manera completamente virtual

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La Corte Interamericana ha concluido el 135 Período Ordinario de Sesiones que se celebró de manera totalmente virtual entre el 1 de junio y el 31 de julio de 2020.

La Presidenta de la Corte Interamericana, Jueza Elizabeth Odio Benito, señaló que “adecuándonos a las actuales circunstancias, la Corte Interamericana continúa con su trabajo utilizando tecnologías de información y comunicación para desempeñar su tarea”.

Durante este Período Ordinario de Sesiones, de dos meses de duración, el Tribunal sesionó en forma virtual, deliberando Sentencias, celebrando audiencias de Solicitudes de Opinión Consultiva, dictando resoluciones de Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, y conociendo diversas cuestiones relacionadas con Medidas Provisionales y asuntos administrativos.

El uso de tecnologías de comunicación permitió que los Jueces, Jueza y el personal de la Secretaría de la Corte pudiesen, a fin de reducir el riesgo de contagio, trabajar desde sus domicilios, así como también participar en las Audiencias representantes de los Estados miembros de OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y más de 60 delegaciones de diversos países del continente.

  1. Audiencias de Solicitudes de Opinión Consultiva

La Corte celebró virtualmente dos Audiencias de Solicitudes de Opinión Consultiva, las cuales fueron transmitidas en vivo por las redes sociales de la Corte Interamericana.

  1. Audiencia de la Solicitud de Opinión Consultiva sobre Obligaciones en materia de derechos humanos de un Estado que ha denunciado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, presentada por Colombia.

La Audiencia se realizó los días lunes 15, martes 16 y miércoles 17 de junio de 2020. Durante la audiencia participaron representantes del Estado solicitante, la República de Colombia, y otros Estados miembros de la OEA como la República Federativa de Brasil, los Estados Unidos de América, la República de Honduras y la República de Nicaragua. A su vez, compareció ante la Corte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Durante la audiencia, el Tribunal escuchó además el parecer de 24 delegaciones, entre las que se encontraban organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas e individuos de la sociedad civil, que participaron desde Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Inglaterra, México, República Dominicana y Venezuela.

El objeto de la Solicitud es obtener una interpretación por parte de la Corte sobre tres aspectos en general:

  1. El alcance de las obligaciones internacionales que en materia de protección y promoción de los derechos humanos tiene un Estado miembro de la OEA que ha denunciado la Convención Americana;
  2. Los efectos que sobre dichas obligaciones tiene el hecho de que dicho Estado, más adelante, tome la medida extrema de denunciar el instrumento constitutivo de la Organización regional y busque retirarse efectivamente de la misma; y
  3. Los mecanismos de que disponen, de un lado la comunidad internacional y, en particular, los Estados miembros de la OEA, para exigir el cumplimiento de dichas obligaciones y hacerlas efectivas, y del otro los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado denunciante, para exigir la protección de sus derechos humanos, cuando se presenta un cuadro de violaciones graves y sistemáticas de los mismos.

Puede conocer más sobre la Solicitud de Opinión Consultiva aquí.

  1. Audiencia de la Solicitud de Opinión Consultiva sobre el Alcance de las obligaciones de los Estados en materia de garantías a la libertad sindical, su relación con otros derechos y aplicación desde una perspectiva de género, presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La audiencia pública se realizó durante los días lunes 27, martes 28 y miércoles 29 de julio de 2020. Compareció ante la Corte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su carácter de solicitante y contó con la participación de 38 delegaciones, entre las que se encontraban representaciones de la República de Costa Rica, la República de Honduras y la República Argentina. A su vez, comparecieron delegaciones de Organismos Internacionales, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas, sindicatos e individuos de la sociedad civil, que participaron desde Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, México, Panamá, Perú y Venezuela.

Entre otros aspectos, la Solicitud presentada busca que la Corte IDH aclare el sentido y alcance de las obligaciones sobre las garantías en los procesos de formación de sindicatos y en sus procedimientos de elección y gobierno interno y las manifestaciones de las relaciones entre la libertad sindical, la negociación colectiva y la libertad de asociación y entre la libertad sindical, libertad de expresión, el derecho a la huelga y el derecho a la reunión. Asimismo, se refiere a la determinación del alcance de las obligaciones sobre garantías específicas para garantizar la libertad sindical ante prácticas de discriminación o violencia en el trabajo basadas en el género y para asegurar la participación efectiva de las mujeres como integrantes y lideresas sindicales en el cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación.

Puede conocer más sobre la Solicitud de Opinión Consultiva aquí.

  1. Sentencias

La Corte deliberó y adoptó Sentencias en los siguientes Casos Contenciosos:

  1. Caso Roche Azaña y otros Vs. Nicaragua

El caso se relaciona con la supuesta ejecución extrajudicial de Pedro Bacilio Roche Azaña y las heridas causadas a su hermano, Patricio Roche Azaña, el 14 de abril de 1996, como consecuencia de disparos proferidos por miembros de la policía contra el vehículo en el que se transportaban y por medio del cual pasaron dos controles migratorios, alegadamente sin atender la voz de alto. Se alega que el uso de la fuerza letal fue arbitrario, por lo que se violó el derecho a la vida e integridad personal de las presuntas víctimas. Asimismo, se argumenta la presunta violación del derecho a las garantías judiciales y protección judicial. Específicamente, se alegan violaciones por la falta de motivación del veredicto por jurado mediante el cual se declaró la inocencia de los agentes estatales que profirieron los disparos, por la imposibilidad legal de apelar dicho veredicto, así como por la alegada falta de participación de Patricio Roche Azaña en los procesos.

Puede conocer más sobre el caso aquí.

  1. Caso Spoltore Vs. Argentina1

El caso se relaciona con la alegada demora y denegación de justicia de Victorio Spoltore en el contexto de un proceso laboral derivado de la demanda por indemnización emergente de enfermedad profesional contra la empresa Cacique Camping S.A, que se tramitó ante el Tribunal del Trabajo N° 3. Se alega que dicho proceso inició el 30 de junio de 1988 y culminó el 16 de agosto de 2000 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires rechazó los recursos interpuestos por el señor Spoltore contra la sentencia de primera instancia que también rechazó su pretensión indemnizatoria. Se argumenta que el proceso tuvo una duración de 12 años, 1 mes y 16 días. Por ello, se arguye que el plazo de más de 12 años que tardó el reclamo judicial de indemnización interpuesto por la presunta víctima en el ámbito laboral, no fue debidamente justificado por el Estado y, por lo tanto, fue excesivo y violatorio de la garantía de plazo razonable. Asimismo, se alega que dicho proceso no constituyó un recurso efectivo para que el señor Spoltore pudiera efectuar un reclamo sobre lo que consideró era su derecho conforme a la legislación interna.

Puede conocer más sobre el caso aquí.

  1. Caso Guzmán Albarracín y otros Vs. Ecuador2

El presente caso se relaciona con la alegada violencia sexual sufrida por la niña Paola del Rosario Guzmán Albarracín y su posterior suicidio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos alegó que la presunta víctima habría sufrido violencia sexual por parte del Vicerrector y el médico del colegio al que asistía, ambos funcionarios públicos, y que habría existido un nexo causal entre ello y su decisión de quitarse la vida. La Comisión entendió que el Estado, además de presuntamente vulnerar el deber de respetar los derechos humanos, habría incumplido su obligación de garantía en su componente de prevención, ya que presuntamente no existían “herramientas preventivas y de detección temprana” aptas para situaciones como las que se habrían presentado en el caso. La Comisión concluyó también que la alegada situación de impunidad del caso habría obedecido a la presunta falta de debida diligencia por parte de las autoridades.

Puede conocer más sobre el caso aquí.

  1. Caso Petro Urrego Vs. Colombia3

El caso se relaciona con alegadas violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del proceso disciplinario que culminó con la destitución del señor Gustavo Francisco Petro Urrego como Alcalde de Bogotá, Colombia. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 9 de diciembre de 2013 el Procurador General de la Nación impuso las sanciones de destitución e inhabilitación general por el término de quince años al señor Petro.

La Comisión concluyó que dichas sanciones habrían violado sus derechos políticos pues, conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ambas sanciones debieron imponerse por una autoridad judicial penal mediante condena en firme. En este sentido, la Comisión señaló que la imposición de sanciones de este tipo por vía administrativa podría afectar el juego democrático, toda vez que, en principio, es al electorado al que le corresponde determinar la idoneidad de los candidatos mediante el ejercicio del sufragio pasivo.

Puede conocer más sobre el caso aquí.

  1. Caso Empleados de la Fábrica de Fuegos en Santo Antônio de Jesus y otros Vs. Brasil

El caso se relaciona con la presunta responsabilidad internacional del Estado de Brasil por la alegada violación del derecho a la vida de 64 personas y a la integridad personal de 6 individuos, como consecuencia de la explosión de una fábrica de fuegos el 11 de diciembre de 1998, de las cuales 22 eran niños y niñas.

Según la Comisión Interamericana de Derechos el Estado sabía que en la fábrica se realizaban actividades industriales peligrosas y, por ello, debía inspeccionar y fiscalizar y que, por lo tanto, debía conocer que en la fábrica existía presuntamente trabajo infantil y que supuestamente se estaban cometiendo graves irregularidades que implicaban un alto riesgo e inminente peligro para la vida, integridad personal y salud de todos trabajadores. Igualmente, el caso se relaciona con la alegada violación de los derechos al trabajo y al principio de igualdad y no discriminación, tomando en cuenta que presuntamente la fabricación de fuegos artificiales era para el momento de los hechos la principal, e incluso aparentemente la única opción laboral para los habitantes del municipio, quienes se presume que dada su situación de pobreza, no tenían otra alternativa que aceptar un trabajo de alto riesgo, con baja paga y sin medidas de seguridad adecuadas.

Puede conocer más sobre el caso aquí.

  1. Caso Valle Ambrosio y otro Vs. Argentina4

El caso se relaciona con la alegada violación del derecho de los señores Del Valle Ambrosio y Domínguez Linares a recurrir la sentencia de la Cámara Novena del Crimen de Córdoba, la cual los habría condenado como cómplices del delito de defraudación y les impuso una pena de tres años y seis meses de prisión. Al respecto, se alega que la decisión de los recursos se enmarcó en una práctica judicial de interpretación restrictiva y que, tomando en cuenta que se trataba del único recurso contra la condena de primera instancia, las presuntas víctimas no contaron con una revisión integral ante una autoridad jerárquica que revisara las cuestiones de hecho y de valoración probatoria. En virtud de ello, se argumenta que el Estado habría incurrido en la violación de los artículos 8.2.h y 25 en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana.

Puede conocer más sobre el caso aquí.

Luego de ser notificadas, podrá encontrar las sentencias aquí.

  1. Supervisión de Cumplimiento de Sentencias

En este Período de Sesiones la Corte supervisó el cumplimiento de diversas Sentencias bajo su conocimiento, emitiendo resoluciones en los siguientes casos:

  • Caso Huilca Tecse Vs. Perú
  • Caso I.V. Vs. Bolivia5
  • Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia6
  • Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México7
  • Caso Villaseñor Velarde y otros Vs. Guatemala8
  • Caso Munárriz Escobar y otros Vs. Perú
  • Caso Zegarra Marín Vs. Perú
  • Caso Órdenes Guerra y otros Vs. Chile9
  • Caso Torres Millacura y otros Vs. Argentina10
  • Caso del Penal Miguel Castro Casto Vs. Perú

Puede revisar las resoluciones ya notificadas aquí.

  1. Medidas Provisionales

En este Período de Sesiones la Corte adoptó resoluciones de Medidas Provisionales en los siguientes casos y asuntos:

  • Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia11
  • Caso Durand y Ugarte Vs. Perú
  • Asunto Integrantes de la Comunidad Indígena de Choréachi respecto de México12
  • Caso Fernández Ortega y otros Vs. México13
  • Caso Mack Chang y otros Vs. Guatemala
  • Asunto de Determinados Centros Penitenciarios de Venezuela. Humberto Prado. Marianela Sánchez Ortiz y familia respecto de Venezuela.
  • Caso Vélez Loor Vs. Panamá

Puede revisar las resoluciones ya notificadas aquí.

Audiencia Pública virtual sobre la Solicitud de Medidas Provisionales efectuada por las representantes de la víctima y las Medidas Urgentes dictadas por la Presidenta del Tribunal en el Caso Vélez Loor Vs. Panamá

El día 9 de julio se desarrolló una Audiencia Pública virtual sobre la Solicitud de Medidas Provisionales efectuada por las representantes de la víctima y las Medidas Urgentes dictadas por la Presidenta del Tribunal en el Caso Vélez Loor Vs. Panamá, en el marco del procedimiento de Solicitud de Medidas Provisionales de este caso que se encuentra en etapa de Supervisión de Cumplimiento de Sentencia.

En la audiencia se escucharon los argumentos de la víctima, el señor Vélez Loor, las representantes de la víctima y del Estado al respecto, así como a la Defensoría del Pueblo de Panamá y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con posterioridad, la Corte Interamericana adoptó Medidas Provisionales.

  1. La identificación civil e identidad de género: El impacto de la OC 24 en la vida de las personas.

El día 16 de julio se realizó una reunión entre la Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Jueza Elizabeth Odio Benito, junto al Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor, el Juez Raúl Zaffaroni y el Juez Ricardo Pérez Manrique, con el Programa de Universalización de la Identidad Civil en las Américas (PUICA), la organización Synergía – Initiatives for Human Rights y el Registro Nacional de Población e Identificación Personal (RENAPO) de México.

El objeto de la reunión fue presentar a la Corte el informe “Panorama del reconocimiento legal de la identidad de género en las Américas”, un estudio que detalla las prácticas vigentes en las Américas para garantizar el derecho de las personas a que se les reconozca oficialmente su identidad de género tal y como ellas la perciben.

A partir de esa compilación, el informe desgrana un compendio de prácticas de referencia regionales, así como de los desafíos pendientes de resolver. El documento permite entender de qué forma los estándares sobre el reconocimiento de la identidad de género auto percibida que se encuentran contenidos en la Opinión Consultiva 24/2017 sobre “Obligaciones estatales en relación con el cambio de nombre, la identidad de género, y los derechos derivados de un vínculo entre parejas del mismo sexo”, son respetados en el seno de cada uno de los Estados de la región.

  1. Firma de Convenios Institucionales.

La Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Jueza Elizabeth Odio Benito, firmó una serie de convenios de cooperación institucional con Universidades, Instituciones Públicas y Organizaciones de la sociedad civil entre las que se incluyen:

  • Universidad Nacional del Rosario de Argentina.
  • Universidad Nacional de Catamarca de Argentina.
  • Defensoría del Pueblo del Ecuador.
  • Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.
  • Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos «Madres de Plaza Mayo» de Argentina.

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1El Juez Raúl Zaffaroni no participó de la discusión ni deliberación de esta Sentencia por ser de nacionalidad argentina.

2 El Juez Patricio Pazmiño Freire no participó de la discusión ni deliberación de esta Sentencia por ser de nacionalidad ecuatoriana.

3 El Juez Humberto Antonio Sierra Porto no participó de la discusión ni deliberación de esta Sentencia por ser de nacionalidad colombiana.

4 El Juez Raúl Zaffaroni no participó de la discusión ni deliberación de esta Sentencia por ser de nacionalidad argentina.

5 El Juez Raúl Zafaroni no participó de la discusión ni deliberación de esta resolución.

6 El Juez Humberto Antonio Sierra Porto no participó de la discusión ni deliberación de esta resolución por ser de nacionalidad colombiana.

7 El Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor no participó de la discusión ni deliberación de esta resolución por ser de nacionalidad mexicana.

8 El Juez Patricio Pazmiño Freire no participó de la discusión ni deliberación de esta resolución por razones de fuerza mayor.

9 El Juez Eduardo Vio Grossi no participó de la discusión ni deliberación de esta resolución por ser de nacionalidad chilena.

10 El Juez Raúl Zaffaroni no participó de la discusión ni deliberación de esta resolución por ser de nacionalidad argentina.

11 El Juez Humberto Antonio Sierra Porto no participó de la discusión ni deliberación de esta resolución por ser de nacionalidad colombiana.

12 El Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor no participó de la discusión ni deliberación de esta resolución por ser de nacionalidad mexicana.

13 El Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor no participó de la discusión ni deliberación de esta resolución por ser de nacionalidad mexicana

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