Pdte. Varela: Proyectos de inversión impactarán positivamente la economía

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El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, destacó este jueves que importantes proyectos de inversión que impactarán en la economía y la creación de empleos en el país, como el de una gran mina que hará su primera exportación en junio, deben estar respaldados por una seguridad jurídica.

Varela se refirió al asunto durante su participación en un acto público, luego de una comisión legislativa del Parlamento panameño rechazó este miércoles por “lesivo” al Estado un proyecto de Ley que busca ratificar el contrato de concesión del proyecto minero Cobre Panamá después que el Supremo lo pusiera en entredicho.

El presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), el opositor Nelson Jackson, señaló en la discusión de ayer que “consideramos que este contrato-ley es lesivo para nuestro país porque estipula que el 98 % de todas las riquezas se vayan de Panamá”.

El mandatario dijo que el rechazo al proyecto de ley no fue atinado, pero indicó que es “respetuoso de la separación de poderes, yo hago lo correcto, hago lo que le conviene al país”.

“Y por eso presenté ese proyecto, porque el 14 de junio se da la primera exportación de cobre, y lo correcto sería que se diera con una seguridad jurídica”, afirmó.

Según el gobernante, actitudes como las adoptadas ayer por los diputados “no son buenas para Panamá” cuando se habla de “fomentar la inversión extranjera, si se habla de crear más empleos”.

Varela que espera que “los que tengan la autoridad política (en los partidos) sobre esos diputados le hagan corregir esas acciones que le hacen daño al país”.

El actual Parlamento, de 71 diputados y de mayoría opositora, está en sesiones extraordinarias tras las elecciones generales en el país de hace cuatro semanas.

La empresa Minera Panamá de capital canadiense, a cargo de la gran mina de cobre, también reaccionó este miércoles y abogó por la seguridad jurídica para estas inversiones porque contribuyen a la economía del país.

“Confiamos en que el Estado respalde la estabilidad jurídica necesaria para dinamizar la economía nacional. Puesto que, según los pronósticos de expertos nacionales e internacionales, estamos encaminados a contribuir en más del 3 % al crecimiento del PIB de Panamá a partir del año 2020”, indicó un comunicado de la empresa Minera Panamá.

La iniciativa legislativa, que tiene que aprobarse en tres debates para convertirse en ley, fue presentada el pasado 2 de abril por el Ministerio de Comercio e Industrias que busca ratificar el contrato de concesión del proyecto Cobre Panamá luego de que el Supremo lo pusiera en entredicho en un fallo.

Con un costo de construcción de 6.300 millones de dólares, la mina Cobre Panamá es el proyecto de inversión privada más importante de la historia del país y se ubica en el área de Donoso, a 200 kilómetros al noroeste de Ciudad de Panamá, en la provincia de Colón.

La mina a cielo abierto, una de las más grandes de Latinoamérica, tiene previsto enviar su primer cargamento de concentrado de cobre en junio y exportar a pleno rendimiento 320.000 toneladas métricas, lo que en el mercado internacional equivale a 2.000 millones de dólares, el triple de lo que Panamá exporta actualmente.

El Supremo declaró inconstitucional en 2018 la ley que en febrero de 1997 avaló una concesión en Donoso para extracción de oro, cobre y otros minerales, otorgada a Minera Petaquilla, también de origen canadiense.

El fallo se dio en respuesta a un recurso presentado en 2009 por el ecologista Centro de Incidencia Ambiental al considerar que el proyecto era lesivo para el Estado y para los recursos naturales del país.

La concesión de Minera Petaquilla, cuyos derechos recayeron tras varias ventas en Minera Panamá -de la que First Quantum posee un 90 %-, vencía en 2017, pero el actual Gobierno decidió prorrogarla 20 años más.

Tanto la propia First Quantum como la Administración panameña defienden que la sentencia no afecta la mina pues lo que se declara inconstitucional es la ley que se aprobó para dar seguridad jurídica al acuerdo y no la concesión en sí misma.

FUENTE EL DIARIO

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