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Martinelli demanda al periódico del Pueblo

El presidente del Grupo Editorial El Siglo & La Estrella de Panamá (GESE) también es mencionado dentro de la querella de la abogada Alma Cortés.Archivo | El SigloEl presidente del Grupo Editorial El Siglo & La Estrella de Panamá (GESE) también es mencionado dentro de la querella de la abogada Alma Cortés. Archivo | El SigloArchivo | El SigloEl presidente del Grupo Editorial El Siglo & La Estrella de Panamá (GESE) también es mencionado dentro de la querella de la abogada Alma Cortés.Archivo | El SigloEl presidente del Grupo Editorial El Siglo & La Estrella de Panamá (GESE) también es mencionado dentro de la querella de la abogada Alma Cortés.

Voces periodísticas y de abogados penalistas calificaron el recurso legal como un ataque directo a la libertad de expresión. Advierten que el proceso abre un precedente nefasto, pues le coartan derechos al ciudadano

JUDICIAL

En representación del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, la abogada y exministra de Trabajo, Alma Cortés, presentó una querella penal contra editores y directivos del diario El Siglo.

El recurso legal responde a un artículo de opinión escrito por el exsecretario general de la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá (CGTP), Mariano Mena, y publicado el pasado 3 de octubre de 2018 titulada ‘Las pataletas del loco’, quien también fue querellado.

Dentro del documento de notificación, con fecha 21 de febrero de 2019, de la Fiscalía Metropolitana, Sección de Atención Primaria del Ministerio Público, se le comunica al presidente del grupo GESE, Eduardo Quirós, y los editores de El Siglo: José Somarriba, Abdiel Quintero, Domayko Olivares, Millie Ramos y Yasilka Córdoba el deber de comparecer de conformidad con los artículos 152 y 154 del Código Procesal Penal.

Reacciones

Por cuanto, abogados y miembros de gremios periodísticos calificaron la instauración del proceso como un ataque a la libertad de expresión.

El catedrático y abogado, Miguel Antonio Bernal, aseguró que estas son las artimañas que siempre ha utilizado el señor Martinelli ‘quien es un consagrado enemigo de la libertad de expresión y el derecho a la información. Es una desgracia para este país que un expresidente tenga un comportamiento tan antidemocrático, él hace esto para mantener protagonismo’.

Bernal agregó que esta querella no tiene ni pies ni cabeza, pues ‘el que escribió fue Mariano Mena, lo debe denunciar es a él, no al resto’.

Por su parte, el abogado penalista, Carlos Herrera Morán, señaló que ‘es un desacierto demandar a un medio y a sus directores, cuando la persona, presuntamente víctima, se siente ofendida por un artículo de opinión. En todo caso, deberían demandar a quien escribió’.

El penalista, quien también es abogado de las víctimas dentro del proceso de ‘pinchazos’ dijo que el señor Martinelli anda ‘desarrollando una estrategia de amedrentamiento hacia los periodistas y medios de comunicación y esto ha ido arreciando, a medida que se acerca el juicio oral contra él para que los periodistas sientan temor’.

Herrera Morán advirtió que Mena está entre los 150 panameños documentados como supuestos ‘pinchados’ por Martinelli.

Mientras que, para Mena esta demanda no debió ser acogida por el MP, puesto que podría estar extemporánea. ‘La publicación de mi artículo fue el 3 de octubre y ellos tenían hasta 60 días, según el artículo del Código Procesal para presentar su querella, y la notificación es del 21 de febrero, en qué momento se presentó la querella, para ser admitida debió entrar antes del 3 de diciembre’, manifestó el exsindicalista.

Mena agregó que pese a que está dentro de los demandados, no ha sido notificado por el MP, por otro lado dijo que ‘en ningún lugar de mi artículo yo menciono el nombre de ese señor’. El exdirigente agregó que él fue uno de los afectados que salieron en la lista del señor innombrable, ‘por lo que es un ataque más a mi persona, hay que ver si me están pidiendo un millón de dólares’.

Filemón Medina, del Sindicato de Periodistas, señaló que la denuncia no tendría ni pies de cabeza si el señor Martinelli no es mencionado ‘y mucho menos la acción por la corresponsabilidad del medio. Ninguna persona por expresar su opinión debe ser objeto de acciones legales, por que eso debilita el ejercicio de la libre expresión, esto es un derecho, ojalá que los que administran justicia entiendan este principio’.

FECHAS

El artículo de opinión fue escrito por Mariano Mena y publicado el 3 de octubre del año pasado.

21

de febrero fue entregada en GESE la notificación del proceso presentado por la abogada Alma Cortés.

El Conape opina

Blanca Gómez, presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CONAPE), resaltó que ‘todos los medios colocan en sus secciones de créditos que los artículos de opinión son responsabilidad de los autores. Esto porque el medio brinda ese espacio a la libre opinión y expresión, que no tiene nada que ver con la opinión del medio que se presenta a través de sus editoriales, y del trabajo de sus periodistas de planta. Es absurdo pretender que se sancione a los editores y presidente del medio por un artículo de opinión, en el que el único responsable es su autor. Esta acción pretende sentar un precedente funesto, dado que se le coarta el derecho al ciudadano común a tener un espacio para expresar su posición sobre temas del acontecer diario’.

Fuente: El Siglo

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Martinelli presenta denuncia por violación al fuero electoral

La defensa del expresidente Ricardo Martinelli presentó ayer nuevos recursos ante la Corte Suprema de Justicia. Consisten en dos acciones de amparo de garantías y una denuncia ante el fiscal electoral Eduardo Pañaloza contra varios funcionarios.

El primer recurso es un amparo de garantías que objeta la decisión del 19 de noviembre pasado, emitida por el juez de garantías Jerónimo Mejía, en la que admitió como evidencia los siete cuadernillos que contienen la información íntima que se recopiló de las supuestas víctimas espiadas, datos extraídos del correo electrónico ‘bradpty@gmail.com’.

La evidencia los cuadernillos fue objetada por ilícita e impertinente por la defensa del exgobernante durante la fase intermedia de admisión y rechazo de evidencias. Sin embargo, para la fiscalía era parte fundamental de su teoría del caso. Mejía admitió la evidencia.

El recurso se instaló en el despacho del magistrado Abel Zamorano.

Otro amparo se presentó contra la decisión del 26 de noviembre emitida por Mejía mediante la cual dictó auto de apertura a juicio contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, además contra la administración pública en forma de peculado. Este amparo deberá ser resuelto por el magistrado Hernán De León.

Con estas acciones, según el querellante autónomo Rosendo Rivera, los abogados buscan dilatar el caso. ‘El sistema está hecho para que las pruebas que se admitan no sean objeto de apelación o impugnación, salvo las que se nieguen por ilícitas’.

El caso de los pinchazos telefónicos.

El 17 de enero queda ejecutoriado el amparo de garantías que declinó la competencia a la Corte Suprema de Justicia en el caso del expresidente y lo envió a un Tribunal de Juicio del Sistema Penal Acusatorio.

Recientemente, el Juzgado Décimo Sexto condenó a 50 meses de prisión a los exsecretarios del Consejo de Seguridad por el caso de los pinchazos. El juez Enrique Pérez los consideró cómplices primarios del delito de escuchas.

Rivera agregó que los abogados de Martinelli, saben que ‘en el amparo que declina la competencia se estableció que se validaba lo actuado, por tanto, las pruebas que se admitieron y se rechazaron así quedan. Ellos debieron presentar un amparo antes de que la Corte declinara competencia y no después’, indicó.

En el caso del segundo amparo, a criterio de Rivera, la defensa busca establecer que, como Mejía no tenía competencia en el caso, entonces no tenía razón para llamar a juicio. Pero nuevamente, insiste Rivera, ‘la Corte ya resolvió que lo actuado debe validarse’.

Los abogados de Martinelli también interpusieron una denuncia formal electoral contra los funcionarios Jorge Rubio, ministro de Gobierno, Gina Luciana, viceministra de Gobierno, Armando Medina, director del Sistema Penitenciario y Abel Price, director de El Renacer, donde se encuentra detenido Martinelli, por supuesta violación del fuero electoral en perjuicio de su cliente.

La defensa alega que el expresidente fue postulado por Cambio Democrático como diputado, y para el cargo de alcalde por el mismo partido, y por la vía independiente .

El periodo de postulación para estos cargos vence el 3 de febrero.

Bajo el criterio del especialista en derecho electoral Javier Ordinola, los candidatos que no se sometieron a primarias se recubren con fuero a partir de la publicación de su postulación por el Tribunal Electoral.

Los abogados de Martinelli alegan que su cliente tiene fuero desde el momento en que empezó a recoger firmas, lo que limita la investigación en su contra porque es necesario que el Tribunal Electoral levante el fuero y autorice que continúe el caso.

El expediente del exmandatario se encuentra en vías de pasar a las esfera ordinaria luego de que, por mayoría, el Pleno de la Corte declinara la competencia ante un tribunal de juicio ordinario.

El próximo 17 de enero quedará ejecutoriada la resolución que concede el amparo de garantías que declinó la competencia. Es en ese tiempo que la Secretaría de la Corte debe remitir lo actuado al Tribunal de Juicio del Primer Distrito Judicial y seleccionar a los jueces, para que fijen fecha de audiencia.

Es posible que los jueces reciban en formato digital lo actuado por la Corte, y que al Ministerio Público se envíe la carpetilla en físico.

FUENTE: www.laestrella.com

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Corte Suprema de Panamá admite denuncia contra diputados

La Corte Suprema de Justicia de Panamá aprobó el jueves las denuncias presentadas por la Contraloría General de esa nación contra los diputados Aris de Icaza, del partido Cambio Democrático (CD); y Alfredo Pérez, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), quienes son acusados de delitos de manejos ilegales de fondos públicos pertenecientes a juntas comunales y municipales.

La demanda contra De Icaza fue formalizada por el contralor Federico Humbert, mientras que Pérez fue denunciado por la empresa Bamos Adelante, S. A. por el pago de cheques sin fondos.

Los supuestos manejos ilegales de fondos públicos asignados a juntas comunales y municipios fueron autorizados por pasadas administraciones de la Contraloría y el Ministerio de Economía y Finanzas.

De acuerdo a las auditorías realizadas entre 2004 y 2014 a 186 juntas comunales y municipales, fueron sustraídos y desviados unos 247 millones de dólares, fondos que fueron repartidos entre 70 diputados de la nómina de la Asamblea Nacional panameña.

La Procuraduría de esa nación centroamericana anunció la reapertura del caso basándose en estas nuevas denuncias y los reportes de las auditorías.

Asimismo, existe una especificación en esta demanda de Humbert que afirma que los diputados agregaron funcionarios de manera irregular a la nómina de la Asamblea Nacional del país.

FUENTE: www.telesur.com

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